Fátima Báñez ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según un comunicado del Ministerio de Empleo.
La nueva norma es una de las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, y está incluida en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio.
La futura Ley forma parte también del Programa Nacional de Reformas presentando a las instituciones europeas y del Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (Informe CORA).
Esta Ley tiene como objetivos la modernización del mercado de trabajo, la sostenibilidad presente y futura del sistema de Seguridad Social y la transformación de las políticas de activación para el empleo y de la formación profesional para el empleo.
El Anteproyecto de Ley supone la actualización de la normativa vigente, que data de 1997. El nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social garantiza su estabilidad e integridad institucional y fortalece la colaboración y participación de Comunidades Autónomas y agentes sociales.
Uno de sus aspectos más destacados es la configuración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo de nueva creación, que prestará servicio a la vez a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas. Se reconoce también mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección.
Junto a ello, la futura ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo, se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Igualmente, las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ven potenciadas a través de varias vías:
1. Consagrando un modelo generalista de Inspección, más eficiente y con procedimientos de actuación simplificados.
2. Actualizando los medios operativos, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones con los trabajadores y empresas.
3. Reforzando la independencia técnica del personal inspector.
Otro de los objetivos del Anteproyecto de Ley es seguir mejorando la eficacia de las actuaciones contra el fraude laboral. Para ello, se creará dentro del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
De esta Oficina formarán parte todos los organismos implicados en la lucha contra el fraude laboral y tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
De esta manera, se pretende mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas y se permite una mejor ordenación de las actuaciones de lucha contra el fraude. La nueva Oficina servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado, en preparación en el marco de la Unión Europea.
Lucha contra el fraude
En abril de 2012 el Gobierno aprobó un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y de prevención y sensibilización social.
Se ha dotado a la Administración Pública y a la Justicia, jueces y tribunales de nuevos medios legales, con modificaciones normativas tanto en materia administrativa como penal. En concreto, se ha modificado el Código Penal, agravándose las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Se han reforzado la coordinación y colaboración entre organismos y administraciones. Junto a la creación de una Unidad Especial de apoyo y colaboración de la Inspección de Trabajo con Juzgados, Tribunales y Fiscalía General del Estado, se han firmado convenios de colaboración con organismos estatales, como la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las comunidades autónomas y entidades como el Consejo general del Notariado y el Colegio de Registradores de España.
