Todos los grupos en la oposición se oponen a los planes del Gobierno, evidenciados en el borrador de expertos hecho público por el Ministerio de Justicia, para renovar la ley de Demarcación y Planta Judicial eliminando los actuales partidos judiciales y concentrando los órganos en las capitales de provincia.
Así ha quedado acreditado este miércoles durante el Pleno del Congreso, donde se han discutido dos Proposiciones No de Ley (PNL), una del PSOE y otra del BNG, que defienden la retirada de estos planes por considerar que, lejos de acercar la justicia al ciudadano, se camina en sentido contrario llegando a poner en peligro la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.
Los grupos nacionalistas, por su parte, dan un paso más allá y reclaman que las competencias sobre los partidos judiciales se transfieran a las comunidades autónomas, mientras que el diputado del PP José Miguel Castillo Calvín se ha quedado solo defendiendo el proyecto ministerial.
No obstante, el parlamentario popular ha propuesto una enmienda, que ha sido rechazada por el resto, consistente en instar a que en la elaboración del proyecto de Ley de reforma de la Ley de Demarcación y Planta "se tengan en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes Comunidades Autónomas, de modo que se diseñe una estructura organizativa judicial que sea flexible, moderna y especializada".
"Golpe mortal" a la modernización
El diputado socialista Gabriel Echávarri, que ha defendido la PNL durante el Pleno de la Cámara Baja, ha señalado que los planes expuestos hasta el momento por Justicia como borrador de expertos atestan "un golpe mortal" al proceso de modernización que llevo a cabo en su día el Gobierno socialista.
Según Echávarri, de cumplirse los planes expuestos por los expertos de los 431 partidos existentes un total de 379 se encuentran "en riesgo de desaparición y esto es grave para el servicio de la administración de justicia, especialmente en el ámbito rural. En algunos lugares, como la Comunidad Valencia, se pasaría a de 33 a 3 sedes de los juzgados para todo el territorio.
"¿Qué cabe esperar de un ministro que dice que las tasas favorecen el acceso a la justicia y acercan la justicia a los ciudadanos?", ha añadido el diputado del PSOE por Alicante, que ha recordado la supresión de jueces sustitutos y ha señalado que "ahora le llega a su turno a los jueces de paz".
Por su parte, la diputada del BNG(Grupo Mixto) Olaia Fernández Dávila, ha expresado igualmente su oposición al proyecto y ha puesto de manifiesto que "en Galicia es evidente que el camino no es el de la reducción de juzgados" y que de hecho se necesitan más en este territorio, teniendo en cuenta los cambios demográficos de las últimas décadas.
De ir adelante de esta propuesta, ciudades como Ferrol, Vigo o Compostela se verían privados de dependencias judiciales, según ha advertido esta diputada, lo que aleja el servicio público de múltiples poblaciones en dicho territorio.
Este partido propone que el camino sea el inverso, de modo que se transfieran las competencia sobre la demarcación judicial a la comunidad autónoma, postura en la que ha coincidido durante su intervención la diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordá.
Esta última ha señalado que dicha propuesta de transferencia "choca" con la idea del Gobierno, que es "centralista y homegeneizadora", y ha solicitado que en vez de modificar la actual estructura judicial se avance hacia el expediente digital y la aplicación efectiva de las nuevas tecnologías.
Igualmente ha evidenciado su oposición a la desaparición de los partidos judiciales el diputado del PNV Emilio Olabarría, que ha vaticinado situaciones de "colapso" en Bilbao o Vitoria si en este territorio desaparecen los juzgados radicados en grandes poblaciones vascas.
"No podemos permitirnos el lujo de ser el país de la Unión Europea con menos jueces por cada 100.000 habitantes, y la reforma de la planta va por ahí -ha añadido el diputado nacionalista vasco-. Se llegan a vulnerar competencias autonómicas en materia de Justicia"
Rosa Diez, de UpyD, se situó en esta misma postura y reclamó que se atienda a las peculiaridades geográficas de cada zona, mientras que Gaspar LLamazares, de Izquierda Plural, criticó que el Ministerio utilice la práctica de difusión de un informe de expertos previo a la presentación de su proyecto eliminando cualquier e diálogo político y negociación.
Para LLamazares, la Ley de Demarcación y Planta es "una ley Gallardón en estado puro", que invierte las prioridades pues evidencia una preocupación por la Justicia como poder en vez de servicio público.
Finalmente, la diputada de CiU Mercé Pigem ha solicitado al Gobierno que antes de presentar su texto tenga en cuenta "las opiniones de peso, quienes tienen la realidad judicial cotidiana" como son los abogados y procuradores y también los ayuntamientos, a los que habrá que explicar que la alternativa "no va a tener en cuenta la proximidad, sino que va a consistir en centralizar el servicio público de la justicia en las capitales de provincia.
Por su parte, Castillo Calvín ha recordado que la actual estructura judicial es de 1988 y "dista cada vez más de las necesidades de una organización judicial moderna y del mapa demográfico actual".
Ha explicado que el cambio que se propone no lo es sólo con relación al número de habitantes, sino esencialmente por "la mayor densidad y complejidad de las relaciones sociales"
"Además, un concepto tan básico como el de la territorialidad ha sido superado, y en muy buena medida, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la creación de espacios integrados", ha defendido el diputado popular.
