El galardón, dotado con 6.000 euros, le ha sido concedido por su trabajo 'La discriminación en la contratación entre particulares (Infracciones y sanciones en materia de igualdad en la contratación para el acceso a bienes y servicios)'.
Para la premiada, "durante mucho tiempo, la interpretación y aplicación de la normativa europea y española sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas independientemente de su género, discapacidad u origen racial ha sido especialmente conflictiva en algunos supuestos de contratación en el acceso a bienes y servicios como el acceso a la vivienda, los establecimientos abiertos al público o la contratación de seguros y servicios financieras. El objetivo de la obra es resolver cualquier discriminación y proponer soluciones para la protección personal y patrimonial de los colectivos vulnerables y que cuenten con sus debidas garantías y su plena integración social".
El acto estuvo presidido por Julio Sánchez Melgar, fiscal general del Estado; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de Aequitas y del Consejo General del Notariado (CGN), y Almudena Castro-Girona, directora de la 'ONG del Notariado'. Asistieron a la entrega del premio numerosas personalidades del mundo jurídico y notarial, como José María Paz, fiscal de sala de lo Civil y José Luis Lledó y Juan Pérez Hereza, vicepresidente y secretario del CGN, respectivamente.
Julio Sánchez Melgar señaló que "la Constitución encomienda al ministerio fiscal la defensa de los grupos de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, una función esencial y social para la denominada 'magistratura de amparo'. El Derecho alcanza su cénit cuando integra a las personas con discapacidad y sin discapacidad, y estas últimas puedan disfrutar de todos sus derechos. Hacia esta integración dirigen sus pasos la Fiscalía General del Estado y la Fundación Aequitas".
Con el fin de ampliar "esta labor menos conocida del Ministerio Fiscal", Melgar apuntó que esta prevista la creación "de una fiscalía de sala especial de ayuda a los discapacitados".
"La Fiscalía es un órgano próximo que protege a la víctima y a la sociedad, no es sólo un perseguidor de los delincuentes, queremos que este poso cale en la sociedad", concluyó el representante de la Fiscalía.
Para José Ángel Martínez Sanchiz: "con este premio y los trabajos galardonados cobra sentido la denominación de nuestra Fundación Aequitas: la 'Equidad'". Sobre los trabajos premiados, destacó que "la obra galardonada con el primer premio es un hallazgo y pone de manifiesto que la lucha contra la discriminación también se debe reconocer en el ámbito documental sin que ponga límite a la autonomía de la voluntad".
Este certamen nació en 2002 con el objetivo de galardonar los mejores trabajos de investigación destinados a mejorar la protección jurídica de los colectivos sociales más vulnerables, como las personas con discapacidad, mayores, inmigrantes, infancia y refugiados, entre otros.
Inmaculada Llorente es doctora en Derecho y realiza su labor docente e investigadora en la Universidad de Zaragoza. Especialista en Derecho Civil, es autora de diferentes títulos relacionados con la protección jurídica de las personas con discapacidad, como La autotutela y los poderes preventivos en el Derecho Aragonés.
Accésit
El accésit de este año -dotado con 3.000 euros- fue concedido al abogado José Luis Castro-Girona por su trabajo 'Desarrollo del artículo 12 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español'.
Castro-Girona, es licenciado en Derecho y máster en Derecho Internacional y Comparado sobre Discapacidad en Galway (Irlanda); asimismo es colaborador habitual de la Fundación Aequitas e investigador en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III.
Como principal conclusión de su trabajo, Castro-Girona, destaca que "la Convención de las Naciones Unidas de los derechos de las Personas con Discapacidad forma parte del derecho positivo y es, por tanto, exigible, y debe ser aplicable. Se constata la necesidad de ir más allá en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención, aplicando medidas alternativas para la plena integración de este colectivo en igualdad de condiciones".
