En un documento, que ha presentado en una comparecencia en Huelva el juez decano de Málaga, José María Páez, al término de las jornadas y que se elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han insistido en la necesidad de contar con oficinas de carácter social y de atención a las víctimas en todos los partidos judiciales o, al menos, en los de capital de provincia, dotados con medios personales y materiales suficientes para dar una debida atención y asesoramiento.
Unas oficinas que deben estar atendidas por profesionales especializados entre los que se encuentren psicólogos, personal al servicio de la Administración de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros técnicos que se puedan considerar necesarios, y deberán contar con formación en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica, y en esta oficina se atendería especialmente los supuestos de desahucio y a las personas en riesgo de exclusión social.
A su vez, han subrayado la necesidad de acercar la justicia a personas con discapacidad con sistemas como la lectura fácil y de desarrollar la incorporación de un magistrado en los gabinetes de prensa de modo que en todos aquellos casos que, por su trascendencia, relevancia o por ser especialmente mediáticos o complejos lo hagan aconsejable, pueda dar las explicaciones necesarias a nivel exclusivamente pedagógico, es decir, de explicación de conceptos o figuras jurídicas sin entrar a realizar otro tipo de valoraciones.
La figura del coordinador de parentalidad
En esta línea, han destacado la figura del 'coordinador de parentalidad', cuyo origen se encuentra en EEUU y Canadá y que consiste en el nombramiento por parte del juez de un experto en relaciones familiares que ayuda, apoya y asesora a los progenitores en el ejercicio de su parentalidad y al mismo tiempo informa al juez de las vicisitudes que afectan a los hijos e hijas menores.
En cuanto a la promulgación de una nueva Ley de Planta y Demarcación que sustituya a la vigente de 1988, han subrayado que ésta "se ha quedado obsoleta pese a los últimos parches que ha sufrido a lo largo de estos años".
Al respecto, han argumentado que en la actualidad no saben "cuál es el número de jueces necesarios, según el CGPJ y el Ministerio de Justicia, ni el plazo que se han marcado para dotar a España de una justicia que sea un servicio público al ciudadano que funcione de manera adecuada y eficaz".
Sobre juzgados concretos, consideran que es necesario que se generalice la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, indicando al respecto que urge instar reformas procesales para afrontar los pleitos masa con sentencias in voce sin necesidad de redacción posterior porque quedan; pleito testigo, extensión de efectos e intereses a las entidades bancarias similares a los previstos en la Ley de Contrato de Seguro.
En cuanto a los especializados en cláusulas de suelo, actualmente "en estado precario" y con una "carga insoportable de trabajo", exigen que se dé cumplimiento a la palabra que empeñaron tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ, en el sentido de "designar un juez de refuerzo más por cada 800 nuevos asuntos".
Por último, han reclamado que la carrera judicial "recupere los derechos económicos perdidos, una vez superada la grave crisis económica, como ya lo han hecho otros sectores", y que la carga de trabajo sea conforme a la ley, y que se termine con "las distorsiones" en la implantación del expediente judicial electrónico.
