El objeto de este Real Decreto-Ley, aprobado por unanimidad, es declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil distintas provincias y comunidades autónomas, así como adoptar un amplio conjunto de medidas para paliar daños personales y materiales en viviendas, enseres, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimopesqueros, turísticos y por prestaciones personales; beneficios fiscales, medidas laborales y en el ámbito de la seguridad social; ayudas a corporaciones locales, a la producción agrícola y ganadera o para la restauración forestal y medioambiental.
Zonas afectadas
Las situaciones de emergencia que incluye el Real Decreto-Ley son los incendios forestales de Tarragona, Lleida, Madrid y Toledo de finales de junio; las inundaciones ocurridas en Navarra y Ourense el 8 de julio; y los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria entre los días 10 y 17 de agosto.
También incluye las distintas catástrofes causadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a La Rioja, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y a las provincias de Zaragoza, Cáceres, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Lleida, Sevilla y Málaga, con episodios de fuertes lluvias ocurridos los días 25, 26 y 27 de agosto. Una nueva DANA volvió a azotar a las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Región de Murcia, las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid del 9 al 16 del mes de septiembre de 2019.
Coste de las medidas paliativas
Este RDL supone la implementación de una serie de medidas urgentes por parte de nueve ministerios (Interior, Agricultura, Transición Ecológica, Fomento, Política Territorial, Trabajo, Hacienda, Economía e Industria), que tratan de paliar daños personales y materiales ocasionados por esos siniestros con ayudas monetarias, beneficios fiscales y medidas laborales, además de la reconstrucción del dominio público y diversas infraestructuras.
De forma "absolutamente provisional", el Gobierno estima que el importe de las ayudas directas ascienda a 557,7 millones de euros, una cantidad a la que habría que añadir otros 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado; 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en la Seguridad Social; y 28 millones en beneficios fiscales (IAE e IBI). En total, el impacto presupuestario final de todas las ayudas rondaría los 774 millones de euros.
