Con cargo a este nuevo tramo, se destinarán 20.000 millones para garantizar préstamos de autónomos, pymes y grandes empresas; 4.000 millones para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).
La aprobación por el Consejo de Ministros permite seguir reforzando la financiación empresarial para preservar la actividad y el empleo, manteniendo las fuentes de liquidez de las empresas y las proporcionadas por los mercados de capitales, y aumentando la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.
El Acuerdo establece de forma específica que las empresas deberán emplear la financiación avalada para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, sin que pueda, en ningún caso, destinarse al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta.
20.000 millones para autónomos, pymes y empresas
La financiación destinada a la cobertura de préstamos otorgados a autónomos y empresas mantiene las mismas características y el mismo procedimiento de tramitación de los tramos iniciales. De los 20.000 millones activados, se reservan 10.000 millones para garantizar préstamos de autónomos y pymes y los otros 10.000 millones para avalar préstamos del resto de empresas, de mayor tamaño.
Podrán solicitar estos avales los autónomos, pymes y empresas afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020 y no se encuentren en situación de crisis según la normativa de la Unión Europea.
El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, se garantiza el 70% de la nueva financiación concedida y el 60% en el caso de las operaciones de renovación. Los avales tendrán una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
El Acuerdo del Consejo de Ministros refuerza y precisa las características para los beneficiarios. Con este objetivo, se incluye expresamente la prohibición de que las entidades financieras puedan cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por el cliente. Las entidades deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en los acuerdos y en el contrato marco con el ICO, y se recuerda que los incumplimientos materiales de sus obligaciones se consideran infracción de disciplina.
4.000 millones para garantizar emisiones de pagarés
El Consejo de Ministros ha aprobado también una dotación de 4.000 millones de euros adicionales con cargo a la línea de avales del ICO para garantizar las emisiones de empresas no financieras del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Podrán optar a estos avales las empresas con sede social en España y que tengan un programa de pagarés incorporado al MARF antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril, siempre que no se encuentren en situación de crisis según la normativa de la Unión Europea y que los pagarés se emitan antes del 30 de septiembre de 2020.
El importe máximo del aval será del 70% del principal de cada una de las emisiones y el plazo máximo de 24 meses. El coste será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses y de 60 puntos básicos para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses.
La gestión de estos avales será realizada por el ICO en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME). Ambas instituciones deberán suscribir un contrato marco con cada una de las empresas no financieras que quieran beneficiarse del aval para sus emisiones de pagarés y con las entidades colocadoras que participen en el programa de emisión de pagarés.
500 millones para reforzar los avales de CERSA
Asimismo, se han aprobado 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y aumentar la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las Comunidades Autónomas.
El aval máximo será del 80%, si bien podrá variar en cada operación para complementar el aval que también concede el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a CERSA, sin que ambos avales puedan superar conjuntamente el 90%.
El plazo máximo del aval será de cinco años. Para la gestión de los avales, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital suscribirá un contrato marco con CERSA.
