De este modo, se da cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y de carácter vinculante para España.
También, a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que compromete a la Administración de Justicia en el desarrollo de las medidas que resulten necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la prohibición de la discriminación y el acceso universal a la misma. Esta ley recoge el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos y establece la obligación de las administraciones públicas de proteger, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva.
Tanto la Convención de la ONU como la ley estatal muestran la necesidad de centrar los esfuerzos en asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en condiciones de igualdad. El Consejo General del Poder Judicial viene mostrando desde hace años su compromiso con el cumplimiento de las normas en esta materia, no sólo con la finalidad de garantizar la accesibilidad, sino también, mediante ajustes en el procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales y en todas sus fases. Asimismo, en la promoción del acceso de las personas con discapacidad a las profesiones jurídicas.
El objetivo del convenio es establecer un marco general de colaboración entre ambas instituciones de modo que las iniciativas que se pongan en marcha permitan el pleno acceso a la justicia, en todas las fases del proceso, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión.
Con la firma del acuerdo, el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión España se comprometen a elaborar guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de material y herramientas dirigidos a facilitar que los jueces y magistrados puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.
El convenio busca dar soporte a las personas con discapacidad cuando éstas se acerquen a los juzgados y tribunales. Así, contempla la posibilidad de “dar apoyo a jueces y magistrados, cuando éstos lo requieran, para la práctica de diligencias o pruebas que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a promover acciones que faciliten la comprensión de los actos de trámite, diligencias y resoluciones que afecten a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y magistrados y a establecer canales de colaboración en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.
La Confederación Plena Inclusión España integra a las organizaciones que representan y defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual de todo el territorio nacional y tiene como objetivo contribuir a que estas y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
