Según ha explicado Pérez Rey, los nuevos presupuestos suponen “un salto tanto cuantitativo como cualitativo en el conjunto de las políticas de empleo” y permitirán responder a los grandes retos laborales: generar trabajo de calidad, contribuir a la reactivación económica, aumentar la protección a las personas trabajadoras, velar por la seguridad laboral, fomentar la economía social y combatir las brechas y desigualdades en el trabajo.
Dotación presupuestaria
El presupuesto consolidado del Ministerio de Trabajo y Economía Social asciende a 32.620 millones de euros, que muestra que el compromiso con el empleo es una prioridad del Gobierno. Supone un incremento del 22,5% respecto del presupuesto anterior.
El 18,5% del total, casi uno de cada cinco euros se dedicará a políticas para facilitar el acceso al empleo.
Los presupuestos globales no consolidados para 2021 ascienden a 38.955,46 millones de euros. Suponen un incremento de 11.747,88 millones de euros respecto al ejercicio anterior, un 43,18% más de lo presupuestado en 2020. Esta cantidad incluye 6.335,39 millones de euros en transferencias internas que se hacen desde el Ministerio a los Organismos Autónomos para su funcionamiento.
Políticas Activas de Empleo
El Ministerio de Trabajo y Economía Social multiplica los recursos destinados a las Políticas Activas de Empleo (PAE) que alcanzan los 6.482 millones de euros, un 35,75% más que en el presupuesto anterior. Es una apuesta decidida para que se transformen, de manera definitiva, en una herramienta realmente eficaz para fomentar el acceso al empleo un punto especialmente importante para jóvenes y para la población más vulnerable.
Además, son especialmente necesarias en el contexto de reactivación de la economía y para abordar su transformación hacia la sostenibilidad y la digitalización.
En este apartado, hay que destacar que se promocionará la igualdad de oportunidades, tal y como también se está haciendo desde la producción legislativa del Ministerio. Se desarrollarán programas dirigidos a la contratación de mujeres de colectivos vulnerables, incentivos a la contratación de sustitución de mujeres en suspensiones o excedencias y de empleo en el ámbito rural y urbano.
El empleo es un eje de acción fundamental del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. 1.167,5 millones de euros reforzarán las PAE destinadas a la transformación tecnológica.
El SEPE contará con 172 millones de euros dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales que se dirigirán a la formación y la adquisición de competencias digitales.
Empleo juvenil
Los presupuestos que se presentan hoy demuestran el compromiso con este colectivo y permitirán avanzar en políticas adecuadas de integración laboral. Se pondrán en marcha mecanismos de garantía de calidad en el trabajo y de alternancia de la formación con la actividad laboral.
Además de los incentivos a la contratación, los programas de escuelas taller o los contemplados en Garantía Juvenil, se propiciará el retorno del talento que ha tenido que emigrar y por los planes de empleo joven en programas de investigación.
Protección por desempleo
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contará con un presupuesto de 31.631,18 millones de euros, 5.927,2 (23,1%) millones de euros más que en el presupuesto anterior. Se estima que 22.123 millones de euros procedan de la recaudación por la cuota de desempleo, principal fuente de financiación del SEPE. También se calcula que va a percibir 1.850 millones de euros del Fondo Social Europeo y 1.341 millones de euros de las cuotas de formación.
Como novedad, el SEPE recibirá del Fondo de Recuperación y Resiliencia procedente del Fondo Social Europeo 1.850 millones de euros. El Estado aporta, además, 4.762,2 millones de euros.
Los recursos destinados a las prestaciones por desempleo ascienden a 24.660,8 millones de euros, 4.131,4 millones de euros más (20,1%) que los que contaba el presupuesto inicial de 2020.
Los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social contemplan una subida del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) de un 5%, que permitirá actualizar las cuantías de las prestaciones y subsidios que perciben millón y medio de personas. Esta medida tendrá un impacto de 550 millones de euros en las cuentas del Ministerio.
Los presupuestos de 2021 permitirán dar continuidad a los esquemas de protección de los Expedientes de Regulación temporal de Empleo (ERTE).
Partidas de los diferentes organismos
Todos los organismos dependientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social recibirán fondos destinados a su modernización para poder prestar un mejor servicio público en cada uno de sus ámbitos.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social invertirá 73,6 millones de euros en su digitalización de los que 49,8 millones de euros se destinarán al SEPE, en un proceso de transformación tecnológica que se llevará a cabo en colaboración con las comunidades autónomas.
El Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contará, por primera vez en sus cien años de historia, con un presupuesto propio dotado con 175,8 millones de euros.
Este organismo es un servicio público esencial para el cumplimiento del objetivo prioritario de proteger los derechos de los trabajadores y velar por la calidad del empleo.
En 2021 se incorporarán de manera activa al cuerpo de inspección 214 funcionarios además de otras 180 personas en prácticas. El presupuesto permitirá reforzar la lucha contra el fraude y mejorar la gestión potenciando el uso de las tecnologías de la información.
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cuenta con 831,4 millones de euros en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, 35 millones de euros más (4,4%) respecto a la dotación de 2020. El FOGASA dispondrá de 32,8 millones de euros que permitirá la modernización del organismo y mejorar la dotación de personal.
El Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo (INSTT) tendrá una dotación presupuestaria de 41,6 millones de euros, un 6% más que en el presupuesto inicial de 2020. Este incremento, de 2,5 millones de euros se destinará a la potenciación del laboratorio de ensayo de equipos de protección individual del Centro Nacional de Medios de Protección.
El refuerzo del INSTT es una actuación prioritaria del Ministerio de Trabajo y Economía Social para garantizar los derechos de los trabajadores, especialmente los que desarrollan su actividad en entornos peligrosos. Es especialmente importante ante la amenaza que supone el COVID-19 en el entorno laboral.
El Consejo Económico y Social contará con 7,87 millones de euros para desarrollar su labor de órgano consultivo y de interlocución permanente entre los agentes sociales.
La Dirección General de Trabajo contará con un incremento del 1,5% para las partidas destinadas a las ayudas previas a la jubilación ordinaria y a las personas despedidas en procesos de reconversión de empresas que ascenderán a un total de 15,65 millones de euros.
Trabajo Autónomo y Economía Social
Se destinan recursos al desarrollo de una política de Economía Social que refuerce su papel clave para lograr una salida de la crisis con las personas en el centro. La dotación en este apartado aumenta un 39,1% respecto a los anteriores presupuestos y se orientará a generar un tejido económico y social más sólido y sostenible.
La Estrategia Española de la Economía Social articulará políticas públicas de promoción y apoyo al sector, potenciará la actividad de sus organizaciones y entidades en los diferentes territorios, apoyará la digitalización y la modernización del Registro de Cooperativas, implantará el Consejo de Fomento de la Economía Social como órgano asesor del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por último, abordará la modernización y desarrollo del Registro Administrativo de Sociedades Laborales.
