Según explica la presidenta de la Abogacía en el decálogo, Victoria Ortega, "los riesgos y daños que comportan las eventualidades pandémicas, como hemos podido comprobar, pueden afectar drásticamente a la agenda de las autoridades, exigiéndoles además algo tan complejo como recalcular el valor que cada derecho individual tiene en una nueva escala de valores del interés público".
Por ello, y ante la perspectiva de que el número de enfermedades infecciosas pueda crecer en el futuro, la Abogacía ha considerado oportuno "ofrecer a las autoridades públicas una carta de navegación", estimando que "el marco de los Derechos Humanos es el punto de anclaje correcto para el complejo ejercicio político que implica la recolocación temporal de bienes jurídicos fundamentales en una grave pandemia".
El decálogo analiza la regulación legal de la gestión de pandemias; la protección de grupos vulnerables como personas mayores, población penitenciaria o migrantes; el acceso a medicamentos y vacunas; las características del modelo sanitario; la aplicación de tecnología; el funcionamiento de la justicia; el mantenimiento de la actividad económica y empresarial; el derecho a la información y la libertad de expresión; y el enfoque sobre la seguridad nacional o la cooperación internacional y la protección del medio ambiente.
En el ámbito normativo, recomienda elaborar una "ley de pandemias que permita realizar un enfoque integral y coordinado de las competencias y los poderes en el Estado autonómico, de tal manera que se logre una mayor eficiencia en la gestión". En este sentido, defiende que "la gestión de la pandemia debiera realizarse desde el principio de subsidiariedad", de modo que si afecta a varias comunidades o al conjunto del territorio sea el Estado quien asuma el liderazgo.
Asimismo, sostiene que "la reacción a la pandemia debe basarse en criterios científico-técnicos, lo que exige crear un órgano técnico, que debiera estar regulado en la ley de pandemias, con independencia de que en las decisiones políticas se realice la debida ponderación de todos los intereses en presencia".
Los mayores, "especialmente vulnerables"
Destaca también el apartado relativo a los derechos de las personas mayores, a las que califica de "especialmente vulnerables, debido al progresivo deterioro físico o mental que pueden desarrollar, pero también frente a la marginación y el abandono que suelen sufrir y al sentimiento de soledad que pueden experimentar, siendo por ello más proclives a sufrir abusos".
A este respecto, el decálogo reivindica para ellos los derechos que en su caso "pueden ser más relevantes y exigibles" en el contexto de una crisis sanitaria, como "el respeto de su autonomía respecto a las decisiones relativas a su tratamiento médico", "la no discriminación en el acceso a las unidades de cuidados intensivos por razón de la edad o de otra circunstancia distinta a criterios clínicos comúnmente aceptados" y el derecho de quienes viven en residencias a "comunicarse personalmente con sus familiares y allegados".
En cuanto al acceso a productos sanitarios, medicamentos y vacunas, señala que debe garantizarse su abastecimiento para permitir el acceso por la ciudadanía en condiciones de igualdad, subrayando que la financiación pública garantiza el derecho de acceso a todas las personas sin discriminación. En concreto, indica que "la autorización de los medicamentos debe ser una garantía y no un obstáculo, por lo que se debe asegurar tanto su seguridad y calidad como la celeridad en el acceso".
El decálogo aboga además por "reinvertir en la atención primaria, para que sea realmente el corazón del Sistema Nacional de Salud", dado que "su capilaridad le permite llegar hasta el último rincón de España y su capacidad de conocer personalmente, tratar, cuidar y acompañar a los pacientes y sus familias hacen que su contribución sea esencial para prevenir, asistir y mitigar los efectos de la pandemia".
Entiende igualmente que "la atención sanitaria en las residencias de mayores y otros centros socio-sanitarios debe ser asumida de forma directa e inequívoca por la atención primaria, las urgencias y los hospitales del Sistema Nacional de Salud". "Se trataría de aplicar el principio de Ciudadanía Sanitaria para personas institucionalizadas", apunta.
Una guía para los poderes públicos
La intención de la Abogacía es que las reflexiones y recomendaciones contenidas en el decálogo "sean tenidas en cuenta para gestionar situaciones de pandemia o emergencias sanitarias desde el punto de vista de los Derechos Humanos".
El decálogo ha sido confeccionado por un grupo de expertos, entre ellos Miquel Roca, Soledad Gallego-Díaz o Carlos R. Fernández Liesa, bajo la coordinación de Francisca Sauquillo, abogada y presidenta de Movimiento por la Paz.
Además, la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad de la Abogacía ha desarrollado de forma más amplia el capítulo dedicado a la protección de las personas mayores en un decálogo elaborado por Carlos María Romeo Casabona, miembro del Consejo Científico, y José Miguel Rodríguez-Pardo, su presidente.
