El Protocolo para el Fomento de un Lenguaje Jurídico Moderno y Accesible es una iniciativa promovida por Ministerio de Justicia, junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Real Academia Española (RAE) y otras instituciones jurídicas y académicas relevantes.
Prevé la creación de una Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico y que las instituciones participantes promuevan la firma de un convenio para concretar las actuaciones y compromisos, generales o bilaterales. Una vez se firme el convenio, se creará una Comisión de Seguimiento, para el adecuado cumplimiento, control e interpretación de lo establecido. Para ello, se formarán distintos grupos de trabajo, que deberán dar cuenta de sus avances. Además, de forma bianual, se contempla la creación de los premios al buen uso del lenguaje jurídico.
En la firma del Protocolo han participado, además del ministro de Justicia, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ; Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Rafael Navarro, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España; y Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.
El ministro de Justicia ha recordado la trayectoria de esta iniciativa que ahora da un paso más con la firma de este Protocolo, desde la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje en 2009, hasta los impulsos dados desde el CGPJ y la RAE, que posibilitaron la publicación del Diccionario del Español Jurídico, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y el Libro de Estilo de la Justicia.
"Cada vez que alguien ha levantado la bandera de la claridad del lenguaje jurídico, hemos avanzado un poco más", ha dicho Campo. Por ello, ha pedido ser ambiciosos con este proyecto, "nos jugamos mucho".
Según Campo, "no deberíamos olvidar que los operadores jurídicos somos el instrumento para que los ciudadanos ejerciten sus derechos", y ha aludido al derecho a comprender, recogido en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de 2002. "Este derecho no tiene que ser solo una aspiración", y en este sentido ha valorado muy positivamente el hito de hoy, que ha calificado como histórico.
"Es un día en que las instituciones aportamos un compromiso firme con la claridad y la comprensión". El ministro de Justicia ha señalado "la clara necesidad de obtener una Justicia comprensible", eso sí, "sin renunciar a las exigencias de la técnica jurídica".
Campo ha hecho una llamada a "construir un lenguaje eficaz, que valore el uso comedido del lenguaje técnico y que no permita el abuso de un lenguaje plagado de sobreactuación y distanciado de la ciudadanía". Y esto es precisamente lo que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar Justicia 2030, "porque en un proceso tan importante, no podíamos olvidar el valor de la palabra y la enorme utilidad del lenguaje", ha concluido.
