También ha dictado dos circulares para garantizar la homogeneidad en la aplicación de las normas procesales en todos los órganos judiciales el territorio nacional

Justicia realiza más de 1,6 millones de actos de comunicación electrónica en su apertura del Año Judicial 2021

Noticia

El Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, ha puesto en marcha el Plan de Arranque del Año Judicial para asegurar la adecuada prestación del servicio de comunicaciones electrónicas, garantizar una buena experiencia de uso y reaccionar de forma rápida y eficaz en caso de ciberataques o incidencias.

Comunicaciones electrónicas

Desde el arranque del Año Judicial el pasado 1 de septiembre, se han realizado más de 1,6 millones de actos de comunicación electrónica y los sistemas han funcionado con total normalidad estando disponibles al cien por cien, sin que se hayan producido incidencias reseñables.

Para ello, la cartera de Llop, a través de la Secretaría General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, dictó dos circulares el pasado mes julio, dirigidas al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, que garantizaban la homogeneidad en la aplicación de las normas procesales en todos los órganos judiciales el territorio nacional.

La primera, la Circular 4/2021, relativa a la forma de efectuar las notificaciones telemáticas durante los meses de agosto y septiembre de 2021, respondía al objetivo de organizar homogéneamente la forma en que deben realizarse las notificaciones durante el mes de agosto y los primeros días del mes de septiembre, con el fin de compatibilizar el pleno respeto al ejercicio de los derechos procesales con el derecho a conciliar la vida personal, familiar y profesional de los profesionales que intervienen en los diferentes procesos ante los órganos judiciales.

La Circular reflejaba la inhabilidad prevista en las leyes procesales para el mes de agosto, indicando que no se practicarían actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante este mes, con la excepción de aquellas actuaciones para las que esos días estaban declarados hábiles por disposición legal o por resolución de la autoridad competente.

La inhabilidad del mes de agosto, según recoge la Circular, no implicaba que los órganos judiciales paralizasen su actividad, sino que en todos ellos se desarrollaban, generando un ingente número de resoluciones que deben notificarse en los primeros días del mes de septiembre.

La Circular proporcionaba, además, información sobre las diferentes formas en que las aplicaciones propias del Ministerio de Justicia realizan el control de las notificaciones, que en septiembre no podrán superar el 50% del volumen de salida ordinario de notificaciones que se realicen en período hábil.

Documentación de expedientes de indulto

 Por otro lado, la segunda Circular, referida a la remisión de la documentación relativa a expedientes de indulto, informaba de la incorporación de la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia a las comunicaciones electrónicas judiciales para aquellos órganos judiciales situados en territorios con sistemas de comunicación o de gestión procesal adaptados (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo).

Esta incorporación se enmarca en la clara apuesta del Ministerio de Justicia por continuar con los pasos decididos que todas las administraciones públicas están dando hacia la actuación y la comunicación electrónicas entre organismos públicos, así como en sus relaciones con la ciudadanía.

En las comunidades autónomas y órganos dependientes del Ministerio de Justicia la documentación relativa a estos expedientes se remitirá a través de LexNet, mientras que en Aragón y Cantabria la comunicación se realizará a través de sus respectivos sistemas de gestión procesal (Avantius y Vereda).

Con este avance, se han aumentado los niveles de rapidez y seguridad en la tramitación de los procedimientos que deben tramitarse por la División de Derechos de Gracia.