El informe comprende una visión general de las tendencias en el conjunto de la UE y 27 capítulos por países en los que se examinan las novedades en la materia producidas en cada Estado miembro desde julio de 2021. El informe de este año incluye por primera vez recomendaciones específicas formuladas a cada Estado miembro, según lo anunciado por la presidenta Von der Leyen en su Discurso sobre el estado de la Unión de 2021. Las recomendaciones tienen por objeto animar a los Estados miembros a hacer avanzar las reformas en curso o previstas y ayudarlos a determinar los ámbitos en que hacen falta mejoras.
Al igual que en ediciones anteriores, este informe examina la evolución en cuatro ámbitos clave en materia de Estado de Derecho: los sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales. El informe indica que en muchos Estados miembros han proseguido las reformas del Estado de Derecho para solucionar los problemas señalados en las dos ediciones anteriores. Al mismo tiempo, persisten importantes motivos de preocupación de orden sistémico en algunos de ellos.
El informe hace un seguimiento de los problemas indicados en informes anteriores, profundiza en la evaluación de la Comisión y formula también observaciones sobre cuestiones como los medios de comunicación de servicio público, el uso de programas espía o el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Principales conclusiones y recomendaciones
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Reformas de la justicia
Las reformas de la justicia siguieron ocupando un lugar destacado en la agenda política el año pasado. Muchos Estados miembros acometieron importantes reformas para reforzar la independencia judicial, tales como reformas relacionadas con la composición y las competencias de los consejos del poder judicial, la mejora de los procedimientos de nombramiento de los jueces o el refuerzo de la autonomía de las fiscalías. Los Estados miembros también introdujeron medidas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia, tales como una mayor digitalización de los sistemas judiciales y la facilitación del acceso a la justicia.
Al mismo tiempo, persisten motivos de preocupación de carácter estructural en algunos Estados miembros por lo que respecta a la independencia judicial. En algunos Estados miembros existen dificultades en relación con los nombramientos en los tribunales superiores y para los cargos de presidente de los tribunales. En otros preocupa la independencia o la autonomía de las fiscalías y se siguen usando procedimientos disciplinarios para coartar la independencia judicial.
Para hacer frente a estos problemas, las recomendaciones de la Comisión alientan, por ejemplo, una mayor participación del poder judicial en los procedimientos de nombramiento, una mayor autonomía de las fiscalías y que los Estados miembros proporcionen recursos adecuados a los sistemas judiciales.
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Normativas en materia de lucha contra la corrupción
La UE sigue siendo una de las regiones menos corruptas del mundo. Desde julio de 2021, numerosos Estados miembros han adoptado estrategias anticorrupción nuevas o revisadas, o las están revisando. Varios de ellos han adaptado las normativas vigentes a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción y al Derecho de la UE. La mayoría tiene ahora leyes que facilitan a la justicia penal los instrumentos necesarios para combatir la corrupción. Numerosos Estados miembros han adoptado medidas para aumentar la capacidad de las fiscalías responsables de la lucha contra la corrupción a través de medidas como recursos adicionales o formación adicional.
Sin embargo, la corrupción sigue siendo un motivo de grave preocupación para los ciudadanos de la UE. El eurobarómetro de 2022 sobre la corrupción indica, por ejemplo, que el 68 % de ellos cree que la corrupción es generalizada en su país. En algunos Estados miembros, las investigaciones y enjuiciamientos de asuntos de corrupción son largos y siguen faltando sentencias, especialmente en los de alto nivel. Los funcionarios públicos están sujetos a obligaciones de divulgación de bienes e intereses en todos los Estados miembros, pero aquellas varían en cuanto al alcance, la transparencia y la accesibilidad de la información divulgada, así como en cuanto al nivel y la eficacia de la verificación y el cumplimiento.
En lo que respecta a la normativa de lucha contra la corrupción, la Comisión ha formulado recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento de las normas preventivas, por ejemplo, sobre la defensa de intereses y el conflicto de intereses, así como sobre la garantía de una investigación y enjuiciamiento eficaces de los asuntos de corrupción.
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Libertad y pluralismo de los medios de comunicación
Tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra de Rusia contra Ucrania han demostrado el papel crucial de los periodistas para comprobar los hechos e informar a los ciudadanos. Varios Estados miembros han adoptado, intensificado o están estudiando medidas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas, sobre la base de las recientes iniciativas de la Comisión. Desde el último informe, varios Estados miembros se han esforzado por mejorar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Siguen preocupando la falta de transparencia en el reparto de la publicidad institucional, el conflicto de intereses y los obstáculos relacionados con el acceso a documentos públicos, que son algunos de los problemas señalados en el informe que requieren atención.
Por primera vez, el informe también examina los medios de comunicación de servicio público y reconoce su papel especial para la sociedad y la democracia. Se necesitan salvaguardias para garantizar la protección de la independencia de los medios de comunicación de servicio público, que la financiación pública sea adecuada y que esta no se utilice para ejercer presión política sobre dichos medios, como se indica en las normas europeas.
Las conclusiones del informe se basan en una serie de fuentes, entre ellas el instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (MPM 2022), la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas y la plataforma «Mapping Media Freedom».
La Comisión ha formulado una serie de recomendaciones que abarcan, entre otras cosas, el reparto transparente y equitativo de la publicidad institucional, la gobernanza independiente de los medios de comunicación de servicio público y las medidas para mejorar la seguridad de los periodistas. La próxima Ley de Libertad de los Medios de Comunicación tendrá por objeto resolver varios de los problemas señalados en los informes sobre el Estado de Derecho.
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Controles y equilibrios institucionales
Los Estados miembros han seguido mejorando la calidad de sus procesos legislativos, una tendencia observada en los informes sobre el Estado de Derecho de 2020 y 2021. Los tribunales constitucionales siguen desempeñando un papel clave en el sistema de contrapoderes institucionales, por ejemplo, en lo relativo a la supervisión de las medidas de emergencia, así como en otros ámbitos, como las elecciones. Las instituciones de derechos humanos, los defensores del pueblo y otras autoridades independientes han visto su estatuto reforzado en algunos Estados miembros. En la mayoría de los Estados miembros existe un entorno propicio y favorable para la sociedad civil.
Sin embargo, en algunos Estados miembros sigue sin existir un marco formal de consulta a las partes interesadas, lo que constituye un motivo de preocupación, y las organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentándose a dificultades como problemas de financiación, discursos negativos y limitaciones de su espacio de maniobra. Por primera vez, el informe también examina el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El informe también examina las reacciones del sistema de contrapoderes institucionales ante el uso de programas espía. Aunque está vinculado a la seguridad nacional, el uso de esas herramientas debe estar sujeto al sistema de contrapoderes institucionales.
Para hacer frente a algunos de estos problemas, la Comisión ha formulado recomendaciones relativas, por ejemplo, a la participación de las partes interesadas en el proceso legislativo, a la creación y el funcionamiento de instituciones nacionales de derechos humanos acreditadas y a la garantía de un marco operativo abierto para la sociedad civil.
Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios
La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, ha declarado: «El Estado de Derecho sigue siendo una piedra angular de la democracia. La guerra de Rusia en Ucrania es un recordatorio más de la importancia de nuestro trabajo para defender y promover el Estado de Derecho en la UE y fuera de ella. El informe de este año indica que progresa el debate sobre el Estado de Derecho en Europa a medida que los Estados miembros realizan mejoras y abordan las cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho. Lamentablemente, siguen existiendo motivos de preocupación en algunos Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la independencia del poder judicial. Asimismo, por primera vez, el informe examina los medios de comunicación de servicio público. Se necesitan más salvaguardias para garantizar la protección de la independencia de los medios de comunicación de servicio público, que la financiación pública sea adecuada y que esta no se utilice para ejercer presión política sobre dichos medios. Hoy estamos dando un paso más al recomendar la manera de mejorar la situación del Estado de Derecho en toda la UE. Insto a los Estados miembros a seguir las recomendaciones, a entablar un debate serio y a tomar medidas».
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha comentado: «La agresión militar rusa no provocada e injustificada contra Ucrania demuestra que proteger y promover el Estado de Derecho es más importante que nunca. La UE solo seguirá siendo creíble si defendemos el Estado de Derecho en nuestro territorio y si seguimos reforzando la cultura del Estado de Derecho. Me alegra ver que nuestro informe contribuye a ese objetivo, al impulsar importantes reformas en los Estados miembros. Hoy no solo informamos sobre la situación del Estado de Derecho, sino que también recomendamos formas constructivas de mejorar los sistemas judiciales, intensificar la lucha contra la corrupción y garantizar unos medios de comunicación libres e independientes y un sólido sistema de contrapoderes institucionales».
Etapas siguientes
La Comisión invita ahora al Parlamento Europeo y al Consejo a proseguir los debates generales y específicos por países sobre la base de este informe. También pide a los Parlamentos nacionales y a otros actores clave, incluida la sociedad civil, que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho. Por último, la Comisión invita a los Estados miembros a hacer frente a los problemas señalados en el informe y está dispuesta a ayudarlos en sus esfuerzos, también en lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones.
Contexto
El Estado de Derecho es crucial para todos los ciudadanos y empresas de la UE, ya que garantiza los derechos y valores fundamentales, permite el cumplimiento del Derecho de la UE y sustenta un entorno empresarial favorable a la inversión. Es uno de los valores fundamentales en los que se basa la UE.
El informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas y se refiere a todos los Estados miembros de manera objetiva e imparcial, al ocuparse de idénticas cuestiones. La evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión se centra en los cambios importantes ocurridos desde la adopción del segundo informe anual en julio de 2021 y sigue un planteamiento coherente, pues aplica la misma metodología a todos los Estados miembros, al tiempo que sigue manteniendo proporción con los cambios de la situación. La evaluación contenida en los capítulos por países se ha preparado en consonancia con el ámbito de aplicación y la metodología actualizados a raíz de las conversaciones mantenidas con los Estados miembros.
El informe ocupa un lugar central en el mecanismo del Estado de Derecho. Este mecanismo es un ciclo anual dirigido a fomentar el Estado de Derecho y evitar la aparición o agravamiento de problemas. El mecanismo tiene fines preventivos. Es independiente de los demás elementos del conjunto de instrumentos de la UE sobre el Estado de Derecho y no sustituye a los mecanismos basados en el Tratado para que la UE responda a problemas más graves relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Estos instrumentos abarcan los procedimientos de infracción y el procedimiento dirigido a proteger los valores fundacionales de la Unión con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
La tercera edición del informe supone un nuevo paso en el compromiso de la Comisión con el Estado de Derecho al formular recomendaciones específicas para todos los Estados miembros. Las recomendaciones se han elaborado sobre la base de la evaluación de los capítulos por país y el diálogo con los Estados miembros, en el pleno respeto del principio de igualdad de trato. Al formular las recomendaciones, la Comisión ha prestado especial atención a mantenerlas centradas y ancladas en los estándares europeos, y a tener en cuenta los sistemas jurídicos nacionales. Además, se garantizan la coherencia y las sinergias con otros procesos, como el Semestre Europeo, el mecanismo de condicionalidad presupuestaria y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las posteriores ediciones del informe sobre el Estado de Derecho examinarán el seguimiento dado a las recomendaciones. Estas deben leerse conjuntamente con los capítulos por países que examinan motivos de preocupación concretos y tienen por objeto guiar a los Estados miembros a la hora de tomar medidas para darles respuesta.
Los problemas en el ámbito de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación señalados en anteriores informes sobre el Estado de Derecho han dado lugar a varias iniciativas recientes de la UE, incluida una recomendación sobre la seguridad de los periodistas y un paquete de medidas para hacer frente a las demandas abusivas contra la participación pública. La Comisión está trabajando en una propuesta de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación.
