Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de este año, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de nueve.
La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública. Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
Sentencias dictadas por corrupción
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron 9 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 7 fueron condenatorias y 2, absolutorias, lo que supone que el fallo fue condenatorio en ocho el 77,7 % de los casos.
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