El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han mantenido un encuentro en la sede del Ministerio para analizar el repunte de asesinatos por violencia de género en el mes de diciembre y para abordar posibles respuestas conjuntas desde el ámbito de la Justicia.
En el encuentro han acordado que potenciarán la especialización y la comarcalización de órganos judiciales para garantizar los recursos especializados a todas las víctimas de violencia de género en todo el territorio, en desarrollo de la medida 123 del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Entre los datos analizados, destaca que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer adoptaron medidas de protección de las víctimas en un 70% de las peticiones incoadas en 2021, por lo que han concluido que el sistema judicial está respondiendo y que hay que seguir en la línea de reforzar la formación especializada de todos los operadores jurídicos.
El presidente del CGPJ, la ministra y el fiscal general han querido incidir en la necesidad de incentivar la denuncia “como único elemento que permite imponer una orden de protección y alejamiento”, sin perjuicio de que se siga trabajando en la atención a las víctimas que no denuncian, así como en las medidas de prevención y en la sensibilización de la sociedad.
Confianza en las instituciones judiciales
“Se trata de una lucha en la que debemos seguir alerta de manera continuada, y en la que la denuncia rompe el primer eslabón de la cadena de maltrato”, han subrayado, añadiendo que “desde la Justicia solo podemos actuar si tenemos conocimiento mediante una denuncia. Por ello es crucial que la sociedad confíe las instituciones judiciales como protectoras frente a este tipo de violencia”.
Potenciar los medios telemáticos
En este sentido, las partes se han comprometido a potenciar los medios telemáticos en la lucha contra los crímenes de violencia de género y han apuntado que desde que se implantaron, en 2009, ninguna de las mujeres asesinadas portaba pulsera telemática, lo cual demuestra su eficacia.
Los responsables de las tres instituciones han coincidido en denunciar esta “insoportable realidad que supone una violación de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijas e hijos, y que constituye un mal endémico y estructural que requiere de toda la sociedad para combatirla. Lamentablemente, se trata de un problema estructural y, como tal, requiere de medidas firmes y contundentes desde los tres pilares de la Justicia”, han señalado.
El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, quieren poner en valor, por último, el trabajo del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, de su presidenta, así como del grupo de expertos y expertas. También han resaltado la labor de las organizaciones de mujeres y asociaciones feministas, y del conjunto de profesionales del sector Justicia que luchan para erradicar "esta grave violación de los derechos humanos de las mujeres”.
