Según han informado en un comunicado, el Colegio Nacional de LAJ y la Unión Progresista de LAJ se han dirigido a la Secretaría de Estado de la Administración Pública y al Ministerio de Justicia para exigirles "el cumplimiento de las obligaciones adquiridas" para que "de manera inmediata y urgente se proceda a hacer efectivo dicho acuerdo".
"Con ello comenzamos los trámites previos necesarios para la ejecución judicial del acuerdo que puso fin a la huelga", han avisado las dos asociaciones. En un comunicado previo, que también aparecía firmado por la Asociación Independiente de LAJ, ya avisaron de que, si el Gobierno no formalizaba lo pactado, emprenderían "las oportunas acciones legales".
Los LAJ reclamaron al Gobierno que aprobara el acuerdo en el último Consejo de Ministros antes del 23-J, ya que el pacto recogía que el primer pago del aumento logrado debía reflejarse en las nóminas de julio. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado este y el acuerdo con jueces y fiscales --que deben empezar a cobrar en octubre-- para después de las elecciones.
Recurso en el Supremo
Por otro lado, CNLAJ y UPSJ han informado de que el pasado miércoles recurrieron en el Tribunal Supremo (TS) el Real Decreto 625/2023, de 11 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2023, "exclusivamente respecto de las plazas previstas en su Anexo II relativas al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en la modalidad de 'promoción interna'".
En su recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, solicitan además la suspensión cautelar del mismo, "dado que la oferta de empleo público aprobada por este real decreto incurre, en una clara y manifiesta infracción del artículo 442.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula de forma precisa la distribución porcentual que ha de corresponder a las modalidades de acceso libre y promoción interna para acceder al cuerpo de LAJ".
Los recurrentes explican que, "aunque sea sorprendente, la decisión expresa de realizar la oferta de empleo pública de forma ilegal, se realiza después de que se haya suspendido por los tribunales otra convocatoria de acceso, llamada 'de consolidación de empleo temporal', por haberse realizado igualmente con infracción expresa de preceptos de la LOPJ"
"Es lamentable, pero no podemos permitir que se cometan atropellos de esta índole que afectan directamente a nuestro estatuto", dicen. "No podemos permitir que el Gobierno de España vulnere con pleno conocimiento la LOPJ. El principio de legalidad, constitucionalmente consagrado exige que todos, también el Gobierno, cumpla las leyes", subrayan.
