En concreto, el Ministerio de Justicia ha sido galardonado en la categoría Most ambitions RPA iniciative award, que distingue las iniciativas dentro del terreno de la automatización robótica.
Estos premios, que cuentan con representación de empresas y organismos de los sectores financiero, energético o de telecomunicaciones, han reconocido el esfuerzo y éxito en la automatización de procesos clave en la Administración Pública, así como la contribución en la implementación de múltiples proyectos de RPA.
En cuanto a los avances en este campo, y a la transformación digital que experimenta la Administración de Justicia, la ministra de Justicia en funciones ha manifestado esta misma semana que la "tecnología es un aliado fundamental en la cohesión social y territorial", y que es necesario "un marco regulatorio que proteja los derechos de la ciudadanía, creando un entorno de seguridad y confianza".
Proyectos de RPA del Ministerio de Justicia
Los proyectos de RPA implantados por el Ministerio de Justicia están diseñados para conseguir una mayor eficiencia de la Administración de Justicia, ahorrar costes y liberar a su personal de tareas mecanizadas para que puedan dedicar la jornada laboral a tareas de mayor valor añadido.
Con la implementación de estos proyectos RPA, desde el Ministerio de Justicia se estima que se han ahorrado más de 268.000 horas de trabajo manual, aumentando la eficiencia de la gestión administrativa y la atención a la ciudadanía.
Entre los proyectos más destacados en esta área se encuentra la automatización de trámites sobre expedientes de nacionalidad por residencia, que ha conseguido robotizar más de 2.800.000 expedientes de solicitud entre los meses de agosto y septiembre de este año.
Igualmente, la robotización de las cuentas de depósitos y consignaciones ha alcanzado ya la cifra de 80.000 operaciones; y el proceso robotizado de cancelación de antecedentes penales ha lanzado 422.000 propuestas de cancelación.
Asimismo, se han realizado otros proyectos de automatización robotizada en las consultas con otros organismos, como la Dirección General de Policía, la Abogacía del Estado, la Fiscalía, la Agencia Española de Protección de Datos o la Audiencia Nacional.
