El 14ºAuditMeeting, organizado por el Registro de Economistas Auditores y con la asistencia de más de 500 profesionales, se ha celebrado este jueves y viernes en Madrid.
Durante el evento, se presentó el estudio "Análisis del nivel de transparencia económico-financiera de las entidades locales y sus entidades dependientes", elaborado por el Servicio de Estudios y el Comité del Sector Público del Consejo General de Economistas de España, con la colaboración y supervisión técnica del REA.
El estudio analiza el nivel de transparencia económica-financiera de todas las entidades locales españolas y sus entidades dependientes, tomando como referencia los aspectos de la Ley de Transparencia.
El trabajo incluye los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España y todas las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares, teniendo en cuenta, para el resto de los ayuntamientos, una muestra representativa que recoge las características heterogéneas que pueden tener las entidades locales.
En la presentación del estudio han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich; el presidente del REA-CGE, Emilio Álvarez; la coordinadora del Comité del Sector Público del CGE, Ana Moreno, y los codirectores de este informe: Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del CGE, e Isabel Brusca, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza, que han intervenido en representación de todo el equipo que ha trabajado en el estudio.
En su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha puesto en valor el estudio que se ha presentado. Según Pich, “la rendición de cuentas ha sido históricamente una obligación de las administraciones de las sociedades democráticas; ahora bien, un sistema de rendición de cuentas no puede considerarse efectivo y completo si no viene acompañado de la divulgación y publicación de la información, es decir, de transparencia de la gestión, estableciendo mecanismos para que la información pueda llegar a cualquier parte interesada”.
El presidente de los economistas ha incidido en la idea de “para que la sociedad pueda llevar a cabo una correcta evaluación de las políticas públicas se necesita, en primer lugar, tener información clara y transparente sobre los entes que las aplican”.
Ley de Transparencia
En cuanto a los resultados del estudio, Valentín Pich considera que “ponen de manifiesto que la implantación de la Ley de Transparencia ha tenido un impacto en la información publicada por las entidades locales, pero todavía existe mucho margen de mejora, especialmente en los ayuntamientos de menor tamaño; parece, por tanto, que todavía queda camino por recorrer para alcanzar los niveles de transparencia económica y financiera que serían deseables y que requerirá de un esfuerzo en los años venideros.”
A continuación, ha intervenido el presidente del REA-CGE, Emilio Álvarez, quien ha recordado la normativa en materia de transparencia y su relación con la actividad de la auditoría de cuentas. Ha citado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Según Emilio Álvarez, pese a toda la regulación, el Informe presentado pone de manifiesto que “todavía hay muchas entidades que no publican las cuentas anuales en sus páginas web, y además el porcentaje de entidades que acompañan informe de auditoría de las mismas todavía es inferior, lo que parece que señala una ausencia de los mismos, con las implicaciones que sobre la imagen fiel esto supone”. A este respecto, el presidente del Registro de Economistas Auditores cree que “sería conveniente apostar por la colaboración público-privada, colaboración esta que tiene su justificación en la insuficiencia de recursos de la IGAE, de la Intervención General de la Seguridad Social, de la Intervención General Delegada y del Interventor de las Entidades Locales, por lo que los auditores privados podrían suponer gran apoyo para la labor realizada por estos organismos”.
Por otra parte, los codirectores del informe, Salvador Marín e Isabel Brusca, quienes antes de pasar a explicar el contenido del informe, han destacado que “en este trabajo puede apreciase que conforme disminuye el tamaño de los ayuntamientos, medido por su población, lógicamente disminuye también el Índice de Transparencia Económico-Financiera, y con ello el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia. Aún con todo, hay que señalar que el nivel medio de transparencia hay que calificarlo de bajo incluso en los ayuntamientos de mayor tamaño (publican en torno al 66% de los ítems analizados). Los municipios de menos de 1.000 habitantes, en términos medios tienen un Índice de Transparencia y Accesibilidad del 20%”. Junto a esto, los codirectores del estudio han querido destacar que “sin duda, el publicar unas cuentas anuales que no están auditadas pone en tela de juicio el nivel de transparencia económica y financiera, puesto que no existe garantía de que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la situación económica y financiera. Deberían establecerse mecanismos que permitan asegurar la auditoría financiera anual de todas las entidades locales, o al menos las de determinado tamaño, ya que la clave de la confianza ciudadana pasada, presente y futura pasa por una información de calidad, oportuna y veraz, lo que debe consolidar el grado de compromiso de los ciudadanos con sus instituciones y viceversa”.
Indicadores del estudio
Información sobre contratación, convenios y subvenciones
La información de contratación es la que alcanza mayores porcentajes en todos los tramos de población, aunque sin llegar en ningún caso a valores máximos, dado que en algunos casos simplemente se pone el enlace a la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero sin información directa sobre el municipio. Puede observarse que, dentro del área de contratación, hay mayor cumplimiento en la información relativa a los contratos que la correspondiente a convenios y subvenciones, especialmente en los tramos de menor tamaño.
El área con mayor nivel de transparencia es la de contratación, con una media del 78,64%, si bien se muestran grandes diferencias entre comunidades.
Información económica (cuentas anuales) y presupuestaria
Se observa que no todas las entidades, ni siquiera las de mayor tamaño, publican sus cuentas anuales en la página web. A este respecto, cabe señalar que en muchas ocasiones las entidades ponen el enlace al portal de rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas, con acceso directo a las cuentas de la entidad. Esto facilita el cumplimiento de la obligación de publicar las cuentas anuales, aunque en este caso a través de un procedimiento indirecto.
Información sobre auditoría
Puede observarse que la información relativa a la auditoría, esto es, informe de auditoría de entidades dependientes e informe de los órganos de control externo, es la que tiene menores porcentajes para todos los tramos de población.
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local concreta la obligatoriedad de publicar en las sedes electrónicas corporativas los informes de las auditorías de cuentas anuales junto a la información contable, correspondiendo en este caso a informes que han sido elaborados por los propios órganos de control interno, y también aquí se observa la omisión de dicha información en muchos de los casos. La publicación de las cuentas anuales no va siempre unida a la publicación de informes de Auditoría en los que se garantice el cumplimiento de la imagen fiel. De hecho, solo un porcentaje muy pequeño hace referencia a la fiscalización del Tribunal de Cuentas o de los Órganos de Control Externo.
Sin duda, el publicar unas cuentas anuales que no están auditadas pone en tela de juicio el nivel de transparencia económica y financiera, puesto que no existe garantía de que dichas cuentas reflejan la imagen fiel de la situación económica y financiera. Deberían establecerse mecanismos que permitan asegurar la auditoría financiera anual de todas las entidades locales, o al menos las de determinado tamaño.
Información institucional (declaración de bienes altos cargos)
Otra área en la que se observan porcentajes altos en los tramos de mayor población es la relativa a la información institucional, es decir la relativa a las declaraciones de bienes y derechos de altos cargos y las retribuciones de los representantes políticos, aunque hemos apreciado cierta heterogeneidad en la forma de presentarla y el grado de alcance.
En el área de información institucional, la información sobre retribuciones de altos cargos es la más difundida, si bien puede observarse el descenso en el porcentaje de entidades que informan de esta área conforme desciende el tamaño poblacional de las entidades, de forma que en los de menor tamaño prácticamente se incluye en un número muy reducido de entidades.
Información sobre organización, capacidad y calidad de servicios públicos
Otra área en la que se observa bajo nivel de transparencia es en la relativa a la calidad de los servicios prestados. En la información relativa a la organización de la entidad y su capacidad y calidad de prestar servicios, puede observarse que todas las entidades publican la relación de bienes inmuebles propiedad de la entidad. Asimismo, un elevado porcentaje cumple con la obligación de publicar la relación de puestos de trabajo. Por último, en línea con lo observado para los ayuntamientos, desciende el porcentaje de entidades que informa sobre la calidad en la prestación de los servicios (en los municipios de menos de 20.000 habitantes, dicha información es omitida prácticamente por casi todas las entidades estudiadas), aunque en el caso de las Diputaciones dicho porcentaje se eleva al 63,75%, muy superior al de los ayuntamientos.
Principios técnicos (accesibilidad al portal de transparencia)
La existencia de portales de transparencia está prácticamente generalizada a todas las entidades territoriales y provinciales, aunque hay municipios de menos de 5.000 habitantes que no tienen portal de transparencia, especialmente los de menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, el hecho de disponer de portal de transparencia en absoluto implica que las entidades sean transparentes, dado que en muchos casos están desactualizados y/o sin la información requerida.
En relación con los principios técnicos, puede constatarse que los portales de transparencia son accesibles y cuentan con la información de una forma estructurada y fácil de encontrar en la mayoría de los casos, especialmente los de tramos de menor tamaño, dado que cuentan con páginas web muy similares entre ellas y el área de transparencia es soportada por alguna empresa de gestión pública. Por último, hay que señalar que todavía queda bastante que avanzar en el tema de la reutilización de la información, y solo el 22,82% de los ayuntamientos de mayor tamaño publican información en formatos que pueden ser reutilizados.
Análisis del nivel de transparencia económico-financiera por Comunidad Autónoma y tramos de población
Para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, se aprecia que los ayuntamientos que pertenecen a Cataluña, País Vasco y Murcia son los que mayor transparencia media presentan (superan el 80% en el índice global) y les siguen los ayuntamientos de La Rioja, Canarias y Castilla-La Mancha (entre el 70% y el 75%). En el resto de CCAA, la mayoría se situaría en la horquilla del nivel de transparencia del 60%-69%, a excepción del caso de Cantabria y de Extremadura, que arrojarían los valores más bajos, pero que en ambos casos contienen un bajo número de entidades, con 2 y 3 ayuntamientos respectivamente.
En definitiva, los resultados constatan que las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos son los entes locales con mayor nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, e incluso en algunos casos prestan apoyo a los propios entes territoriales del ámbito provincial.
