1.- Hechos.
La Sentencia del TJ que se comenta trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio surgido en los Países Bajos entre varios nombres comerciales idénticos o similares, todos reconocidos por la legislación nacional, de los cuales, uno había sido registrado con posterioridad como marca por su titular.
Los nombres comerciales partían de un tronco común: una sociedad familiar de transportes de pasajeros en autocar fundada por dos hermanos como continuación de la empresa que su padre había iniciado en 1935.
En un momento determinado ambos hermanos se separan, quedándose uno (“hermano 2” en la nomenclatura de la Sentencia) con la sociedad y creando el otro (“hermano 1”) una nueva, la sociedad “X”. Tras el fallecimiento del hermano 2, continuaron la actividad de su padre dos de sus hijos, constituyendo otra sociedad más.
La sociedad X había tenido la precaución de registrar como marca un signo que se corresponde con el apellido común de los hermanos 1 y 2, que era el nombre comercial “compartido” a lo largo de los años por unas sociedades y otras.
En esas circunstancias, la sociedad X decidió hacer valer sus derechos de marca contra los herederos del hermano 2, instando judicialmente la cesación en el uso del nombre comercial. Los demandados, además de oponer la prescripción de la acción, niegan la vulneración de la marca invocando el “derecho anterior” de ámbito local que representa su nombre comercial.
2.- Pronunciamientos.
La cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional nacional gira en torno al concepto de “derecho anterior” fijado en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 de armonización. Esta norma establece una limitación al derecho de exclusiva que confiere el registro de una marca. Este derecho no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate.
Las cuestiones que se plantean son dos: una, si para determinar la existencia de un «derecho anterior», a efectos de esa disposición, es necesario que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta (porque en principio ese derecho anterior sólo es efectivo para oponerse al registro de una marca o instar su nulidad judicial, pero no para reclamar el cese); la segunda, qué ocurre cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca (aunque el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente).
La sentencia parte de ciertas consideraciones generales sobre el nombre comercial que entroncan con el artículo 8 del Convenio de la Unión de París y con el Acuerdo ADPIC. Básicamente (i) que el Acuerdo ADPIC obliga a los miembros de la OMC a proteger los nombres comerciales (ii) que el artículo 8 del Convenio de París garantiza la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro (iii) que ninguna norma internacional se opone, en principio, a que, en virtud del Derecho nacional, la existencia del nombre comercial esté supeditada a los requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo de este y (iv) que un nombre comercial constituye un derecho de propiedad industrial y como tal puede constituir un “derecho anterior” a efectos de la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95,
A este respecto, la Sentencia advierte que además de los requisitos relativos, en primer lugar, al uso de tal derecho en el tráfico económico, en segundo lugar, a la anterioridad de ese derecho, en tercer lugar, al alcance local de éste y, en cuarto lugar, al reconocimiento de dicho derecho por la ley del Estado miembro de que se trate, el artículo 6 “no prevé en modo alguno que, para poder hacer valer ese derecho frente al titular de una marca posterior, el tercero deba poder prohibir el uso de esta.”
En este punto el Tribunal defiende el enfoque, según el cual la limitación de los derechos conferidos por una marca registrada está sujeta a requisitos más flexibles que los exigidos para impedir el registro de una marca o para declararla nula. En consecuencia, la Sentencia declara que para que un derecho anterior de ámbito local, como un nombre comercial, pueda oponerse frente al titular de una marca posterior “basta, en principio, con que tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y se utilice en el tráfico económico”, sin que sea necesario “que el titular de ese derecho pueda prohibir al titular de la marca posterior el uso de esta”.
El Tribunal se permite recordar, tal vez a fortiori, que el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de dos signos idénticos que designan productos idénticos no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios. Sin embargo, en el caso de que se recurriera en el futuro a un método deshonesto cualquiera en el uso de estos signos, tal situación podría examinarse eventualmente con arreglo a las normas aplicables en materia de competencia desleal.
En lo que concierne a la segunda cuestión planteada, el Tribunal hace cierto encaje de bolillos para advertir que la Directiva 2008/95, en principio, no regula las relaciones entre los distintos derechos que puedan calificarse de «derechos anteriores», en el sentido de su artículo 6, apartado 2, sino las relaciones de estos derechos con las marcas adquiridas mediante el registro. En consecuencia, las relaciones entre los distintos «derechos anteriores» se rigen principalmente por el Derecho interno del Estado miembro de que se trate.
En este contexto, el hecho de que el titular de la marca posterior tenga un derecho todavía más antiguo, reconocido por la legislación del Estado miembro considerado, sobre el signo registrado como marca, “puede incidir en la existencia de un «derecho anterior», en el sentido de dicha disposición, siempre que el titular de la marca pueda, en virtud de ese derecho todavía más antiguo, oponerse efectivamente a la reivindicación de un derecho anterior o limitarla, extremo que, en el caso de autos, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con su Derecho nacional.”
En el supuesto de que el derecho invocado por un tercero ya no esté protegido por la ley del Estado miembro de que se trate, no podrá considerarse que ese derecho constituye un «derecho anterior» reconocido por dicha ley, en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95.
En estas circunstancias, el Tribunal responde a la segunda cuestión prejudicial señalando que “el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede reconocerse a un tercero un «derecho anterior», a efectos de esta disposición, cuando el titular de la marca posterior tiene un derecho todavía más antiguo, reconocido por la ley del Estado miembro de que se trate, sobre el signo registrado como marca, siempre que, con arreglo a dicha ley, el titular de la marca y del derecho todavía más antiguo ya no pueda, basándose en ese derecho todavía más antiguo, prohibir al tercero el uso de su derecho más reciente.”
3.- Comentario.
La jurisprudencia europea en materia de infracción de derechos de marca, después de fijados los grandes conceptos, se vuelve cada vez más sutil y revela que nunca se puede dar nada por sentado, que todo está abierto a interpretación y que las cosas se le ponen cada vez más difíciles al TJ.
No deja de ser sorprendente que un conflicto local que afecta a tres generaciones de una misma familia por el uso de su apellido común como nombre comercial pueda llegar hasta la más alta instancia jurisdiccional en la Unión Europea.
En el centro de todo ello se encuentra el hecho de que una de las ramas ha tenido la buena idea de procurarse un registro de marca. La incógnita que el caso suscita es si ese registro de marca posterior puede alterar el statu quo de mercado (la coexistencia pacífica) que las partes habían alcanzado con el devenir de los años.
La realidad es que los límites al derecho de marcas, como aquellos que se derivan de la existencia de un “derecho anterior” de ámbito local (el nombre comercial), pueden jugar un papel decisivo en este tipo de litigios. Pero no sin ciertas paradojas: el titular del “derecho anterior” no ha podido evitar el registro de la marca posterior, pero este tampoco puede impedir el uso por aquel del nombre comercial. La última palabra, con permiso del TJ, la tendrá el órgano jurisdiccional nacional.
Enrique ARMIJO
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VERSIÓN EN INGLÉS
Generational conflicts concerning trademarks and tradenames. Judgment of the Court of Justice of 2 June 2022, Classic Coach Company (C-112/21).
1.- Background.
The Court of Justice judgment reviewed here ensues from the referral for a preliminary ruling made in the context of a dispute that arose in the Netherlands between several identical or similar tradenames, all recognised by national legislation, one of which had subsequently been registered as a trademark by its owner.
The tradenames were based on a common root: a family business operating in coach passenger transport established by two brothers as a continuation of the company that their father had started in 1935.
At a certain point, the two brothers went their separate ways, one (referred to as “brother 2” in the judgment) remaining with the company and the other (“brother 1”) setting up a new company, “company X”. Following the death of brother 2, two of his children continued their father’s business, forming yet another company.
Company X had taken the precaution of registering as a trademark a sign corresponding to the common surname of brothers 1 and 2, which was the tradename “shared” over the years by one company and another.
In those circumstances, Company X decided to enforce its trademark rights against brother 2’s heirs and brought a court action seeking an order that they cease use of the tradename. The defendants contested the infringement of the trademark, invoking their tradename as an “earlier right” applying in a particular locality, as well as invoking estoppel.
2.- Findings.
The matter referred by the national court for a preliminary ruling concerns the concept of “earlier right” set out in Article 6(2) of Harmonisation Directive 2008/95. This provision establishes a limitation of the exclusive rights conferred by a trademark registration. Those rights shall not entitle the trademark proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if that right is recognised by the laws of the Member State in question.
Two questions were raised: firstly, whether, for the purposes of establishing the existence of an “earlier right”, within the meaning of that provision, there is a requirement that the proprietor of that right must be able to prohibit the use of the later trademark by the proprietor of that mark (because, in principle, that earlier right only serves as a basis for opposing the registration of a trademark or bringing an invalidation action, but not for cessation of use); and secondly, what if the holder of the later trademark has an even earlier right, recognised by the laws of the Member State in question, over the sign registered as a trademark (even if the holder of the trademark and of the even earlier right may no longer, on the basis of that even earlier right, prohibit the use by the third party of its more recent right)?
The judgment is based on certain general considerations on tradenames connected with Article 8 of the Paris Convention and with the TRIPS Agreement. Basically, (i) the TRIPS Agreement obliges WTO members to protect tradenames, (ii) Article 8 of the Paris Convention guarantees protection for tradenames without the obligation of registration, (iii) no international law precludes, in principle, under national law, the existence of a tradename from being subject to conditions relating to minimum use or minimum awareness thereof, and (iv) a tradename constitutes an industrial property right and, as such, may constitute an “earlier right” for the purposes of application of Article 6(2) of Directive 2008/95.
In this respect, the judgment states that in addition to the conditions relating, first, to the use of such a right in the course of trade, second, to the priority of that right, third, to its applicability in a particular locality and, fourth, to the recognition of that right by the laws of the Member State in question, Article 6 “does not in any way provide that, in order to be able to assert the same right against the proprietor of a later mark, the third party must be able to prohibit the use of that mark”.
In this regard, the Court defends the approach, according to which the limitation of the rights conferred by a registered trademark is subject to more flexible conditions than those required in order to prevent registration of a mark or to declare it invalid. Consequently, the judgment declares that in order for an earlier right which only applies in a particular locality, such as a tradename, to be enforceable against the proprietor of a subsequent trademark, “it is sufficient, in principle, that said earlier right is recognised by the laws of the Member State in question and that it is used in the course of trade”, and “there is no requirement that the proprietor of that right must be able to prohibit the use of the later mark by the proprietor of that mark”.
The Court also notes, perhaps a fortiori, that a long period of honest concurrent use of two identical signs designating identical goods neither has nor is liable to have an adverse effect on the essential function of the trademark which is to guarantee the origin of the goods or services for consumers. However, if, in the future, there is any dishonesty associated with the use of those signs, such a situation could, where necessary, be examined in the light of the rules relating to unfair competition.
With regard to the second question raised, the Court goes to some lengths to point out that Directive 2008/95 governs, in principle, not the relationship between the various rights which may be classified as “earlier rights” within the meaning of Article 6(2) of the Directive, but the relationship of those rights with trademarks acquired by registration. Consequently, the relationship between the various “earlier rights” is primarily governed by the domestic law of the Member State concerned.
In this context, the fact that the proprietor of the later trademark has an even earlier right recognised by the law of the Member State concerned over the sign registered as a trademark “may have a bearing on the existence of an “earlier right” within the meaning of that provision, to the extent that, by relying on that even earlier right, the proprietor of the trademark is actually able to counter the claim of an earlier right or limit it, which it is, in the present case, for the referring court to determine in accordance with its applicable national law”.
In a situation where a right invoked by a third party is no longer protected under the laws of the Member State in question, it cannot be held that said right constitutes an “earlier right” recognised by that law, within the meaning of Article 6(2) of Directive 2008/95.
In those circumstances, the Court’s response to the second question is that “Article 6(2) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that an “earlier right” within the meaning of that provision may be granted to a third party in a situation in which the proprietor of the later trademark has an even earlier right recognised by the laws of the Member State in question over the sign registered as a trademark, to the extent that, under those laws, the proprietor of the trademark and of the even earlier right may no longer, on the basis of its even earlier right, prohibit the use by the third party of its more recent right”.
3.- Remarks.
Having established the major concepts, European case-law on trademark infringement is becoming ever more subtle and reveals that nothing can ever be taken for granted, that everything is open to interpretation and that things are becoming increasingly difficult for the CJ.
It is surprising that a local conflict that affects three generations of the same family concerning use of their common surname as a tradename could reach the highest judicial instance in the European Union.
At the heart of the entire matter is the fact that one branch of the family had the good idea to secure a trademark registration. The doubt that arose was whether that later trademark registration could alter the status quo in the marketplace (peaceful coexistence) that the parties had reached over the course of time.
The reality is that limits on trademark rights, such as those ensuing from the existence an “earlier right” which applies in a particular locality (the tradename), can play a decisive role in this type of conflict, but not without certain paradoxes: the holder of the “earlier right” was unable to prevent the registration of the later trademark, but the proprietor of the later trademark cannot prevent the holder of the “earlier right” from using the tradename either. The final word, with the CJ’s permission, will come from the national courts.
Enrique ARMIJO
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