El Proyecto de Ley “tiene por objeto regular el derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española como derecho fundamental indisponible”. Así, la regulación de este derecho se extiende “extienda expresamente el derecho de defensa y de asistencia letrada a los procedimientos extrajudiciales y a los mecanismos de solución adecuada de controversias reconocidos legalmente”.
Tal y como consta en la exposición de motivos, “es una norma centrada en las personas como titulares del derecho, que se presenta con una visión integral y que incluye aspectos que se han ido consolidando como parte inherente de este derecho y, al tener en cuenta los relacionados con las tecnologías y su impacto en el derecho de defensa, con visión de futuro”.
El texto se estructura en 23 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, más cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria y nueve disposiciones finales. El primer capítulo recoge los aspectos esenciales del objeto de esta ley orgánica, así como su ámbito de aplicación y el contenido del derecho de defensa.
El capítulo II desarrolla la regulación del derecho de defensa de las personas, en cuanto a la asistencia jurídica, la protección jurisdiccional del derecho de defensa, el derecho de información, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad con profesionales formados adecuadamente, el derecho a ser oídas y los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia. Finalmente, los capítulos III y IV desarrollan el régimen de garantías y de deberes de asistencia jurídica en el derecho de defensa; y el régimen de garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía.
El texto del dictamen del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa fue aprobado el pasado 26 de junio en la Comisión de Justicia.
