El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha valorado positivamente la implantación del expediente judicial electrónico Atenea IRIS durante la primera reunión de seguimiento del Nuevo Modelo Organizativo (NUMO) en la Comunidad, un encuentro entre el Ministerio de Justicia y los representantes de la abogacía y la procura que busca evaluar el funcionamiento de los tribunales de instancia y la aplicación práctica de la Ley de Eficiencia. Sin embargo, la institución que agrupa a los nueve colegios de la abogacía de la Comunidad ha reclamado una mayor especialización del personal funcionario para corregir las disfunciones detectadas en los primeros meses de funcionamiento del sistema.
En la reunión, a la que asistió el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, participaron también el director de la Oficina de Implantación del Servicio Público de Justicia, Antonio Manuel Dara Sempere; la secretaria de Gobierno de la Secretaría de Coordinación de Castilla y León, Maite de Benito; y, en representación del Consejo Regional de Procuradores, Elías Gutiérrez Benito y María Encina Martínez Rodríguez.
Durante el encuentro se abordaron las principales incidencias detectadas en los primeros cinco meses de funcionamiento del nuevo sistema organizativo. Uno de los aspectos analizados fue la diferencia existente entre los territorios que ya contaban previamente con oficina judicial y aquellos en los que este modelo no estaba implantado. Aunque inicialmente se esperaba una transición más sencilla en las provincias con experiencia previa, los profesionales han constatado que la falta de especialización del nuevo personal incorporado a los servicios comunes está generando dificultades en la tramitación de procedimientos e incoaciones.
En este sentido, los abogados pusieron sobre la mesa la necesidad de reforzar los medios tecnológicos y personales de las oficinas de justicia municipales y mejorar la coordinación con las administraciones locales, responsables de sostener estas estructuras en el territorio.
El presidente del CACYL entiende que “buena parte de estas dificultades derivan de la incorporación de trabajadores que no proceden de la Administración de Justicia y que, por tanto, requieren un periodo de adaptación y formación específica”, señala Rodríguez Santocildes, quien expuso en la reunión que “esta situación está provocando retrasos y disfunciones que repercuten directamente en el funcionamiento de los juzgados y en la atención a la ciudadanía”.
Por su parte, el Ministerio de Justicia mostró su disposición para continuar mejorando el sistema y recordó que apenas han transcurrido cinco meses desde la puesta en marcha del nuevo modelo, por lo que considera necesario contar con más tiempo para realizar una valoración global y coherente de su funcionamiento.
Modernización de la Justicia
La abogacía valora positivamente la implantación del expediente judicial electrónico Atenea IRIS, “un avance muy importante para la modernización de la Justicia”. No obstante, el presidente del CACYL insistió en que el sistema todavía necesita rodaje, mejoras técnicas y una formación adecuada tanto para funcionarios como para profesionales.
Entre las principales reclamaciones planteadas, figura la necesidad de que los abogados puedan acceder a toda la documentación de los expedientes electrónicos y de que el personal encargado de su gestión cuente con la especialización necesaria. De hecho, desde la abogacía se incide en que algunas de estas carencias ya han provocado incluso la suspensión de juicios, una circunstancia que “siempre perjudica a la ciudadanía” al ralentizar la resolución de los procedimientos.
