Esta herramienta técnica ha sido diseñada para clarificar el marco normativo del acogimiento en España mediante un análisis multidisciplinar que subraya la relevancia estratégica de la colaboración público-privada.
La bienvenida corrió a cargo de Constanza Vergara, socia y COO de Pérez-Llorca, quien destacó que esta colaboración refleja cómo el conocimiento jurídico puede ponerse al servicio de los colectivos más vulnerables.
Tras la apertura, Adriana de la Osa, presidenta de ASEAF, presentó la guía como un instrumento fundamental para que las familias de acogida conozcan sus derechos y obligaciones; subrayando el “enorme potencial transformador” de la herramienta, señalando que permitirá a estas familias dejar de ser consideradas simples usuarias para convertirse en agentes activos del sistema. Además, señaló que, actualmente, hay cerca de 20.000 niños y niñas tutelados viviendo en centros, de los cuales más de 1.200 son menores de seis años.
Un marco jurídico para la protección del menor
La apertura institucional continuó con Patricia Bezunartea Barrio, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien reforzó la necesidad de transformar el sistema de protección promoviendo el acogimiento familiar como única solución, subrayando que: “Es una prioridad impulsar entornos favorables para que todas las familias puedan desarrollar sus funciones con los apoyos adecuados. Las cifras hablan por sí solas de la magnitud del reto que tenemos como sociedad; es preciso ofrecer soluciones familiares que eviten la institucionalización a través de la parentalidad positiva”.
Un ecosistema multidisciplinar: rigor técnico y realidad social
El encuentro contó con una mesa redonda moderada por Myriam Cabrera, directora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, en la que participaron María Salomé Adroher, miembro de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas; María Ferrándiz, Asesora Jurídica de ASEAF; y Jiead Benzaddi, estudiante de Educación Social y joven con experiencia personal en el sistema de acogida.
En el transcurso del coloquio, María Salomé Adroher señaló la necesidad de visibilizar esta figura jurídica: “Esta guía reivindica la necesidad de mayor apoyo público y expone con claridad el estatuto de derechos de las familias. El acogimiento es un elemento esencial del sistema, y la colaboración entre el sector público, el privado y el tercer sector es lo que permite que el derecho se convierta en una herramienta de transformación real”.
Por su parte, María Ferrándiz destacó que el valor de crecer en familia reside en la creación de vínculos afectivos estables y en el sentimiento de pertenencia, elementos que la guía protege al empoderar a las familias mediante el conocimiento jurídico.
Compromiso con el impacto social
La clausura puso de manifiesto la necesidad de que las instituciones y firmas profesionales adopten un enfoque proactivo en la gestión de los derechos sociales.
Itziar Nacenta, coordinadora de Pro Bono y Senior Manager de Fiscalidad Internacional de Iberdrola, e Isabel Jiménez, Directora de Sostenibilidad de Pérez-Llorca, reafirmaron el valor estratégico de la abogacía de los negocios en este escenario. Itziar Nacenta indicó: “Este proyecto demuestra que cuando el sector jurídico, la empresa, la academia y el tercer sector se sientan en una misma mesa, se generan herramientas de impacto real. Para Iberdrola, el pro bono es una manera de contribución al dividendo social de la empresa y una forma habitual de trabajo capaz de identificar brechas estructurales. Esta alianza combina la especialización técnica de Pérez-Llorca con nuestra visión corporativa para lograr que el derecho llegue allí donde más se necesita”.
Por su parte, Isabel Jiménez concluyó señalando la importancia de la transversalidad en estos proyectos: “Esta guía no es un punto de llegada, sino de partida. La normativa en esta materia es compleja y dispersa; por ello, hemos transformado ese rigor técnico en una herramienta útil para cualquier entidad u organismo que desee fortalecer el sistema de acogimiento familiar bajo el amparo de la ley”.
Con esta iniciativa conjunta, las cuatro entidades refuerzan su compromiso con un modelo de protección más seguro, coordinado y centrado en el interés superior del menor.
