El texto, que asume íntegramente las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), ratifica que el sistema actual de despido en España vulnera la Carta Social Europea Revisada.
Así, la resolución, que tiene su origen en una reclamación colectiva presentada por CCOO en noviembre de 2022, confirma el incumplimiento por parte de España del artículo 24.b de la Carta Social Europea en tres vertientes: el cálculo de las indemnizaciones, el papel de la readmisión y la desprotección de los trabajadores temporales en fraude de ley.
La reforma laboral de 2012 redujo la indemnización por despido improcedente injustificado de 45 a 33 días por año trabajado, rebajando además el tope máximo de 42 a 24 mensualidades.
En su resolución, el Consejo de Europa emplaza a España a revisar y modificar su legislación para garantizar que la indemnización concedida en los casos de despido improcedente, así como cualquier baremo utilizado para calcularla, tenga en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador despedido y las circunstancias particulares de su caso.
Asimismo, pide al Gobierno español que adopte medidas para garantizar que los tribunales nacionales puedan evaluar la idoneidad de la reincorporación al puesto de trabajo, previa consulta con las partes en el procedimiento.
Finalmente, el Consejo de Europa emplaza a las autoridades españolas a remitir un informe detallado en el próximo periodo de seguimiento para verificar el cumplimiento real de estas demandas.