Mediante el mismo se actualizan distintas normas del sector financiero para adaptarlas al marco europeo y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), responder a nuevos riesgos y avances tecnológicos, reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad del mercado de capitales nacional.
La norma refuerza la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con medidas como la identificación de quienes operen en criptocajeros, el uso del DNI digital y mayores garantías en las operaciones a distancia. También adapta las obligaciones de fundaciones y asociaciones a su nivel de riesgo y mejora la información disponible para detectar operaciones sospechosas.
Además, simplifica determinadas obligaciones en los mercados de valores, facilita el acceso de las empresas españolas a mercados internacionales y favorece el acceso a cuentas de pago básicas gratuitas de personas vulnerables.
