La tramitación electrónica de los procedimientos judiciales será una realidad en todo el territorio nacional el próximo mes de julio, si bien Cáceres se adelantará a su implantación convirtiéndose, previsiblemente el 22 de febrero, en la primera ciudad en desarrollar el expediente judicial electrónico dentro del ámbito territorial competente del Ministerio de Justicia. Para lograrlo, se ha constituido un grupo de trabajo para adaptar las aplicaciones existentes, adecuar las infraestructuras, formar a los usuarios y digitalizar los procesos de intercambio de información entre órganos judiciales, administraciones públicas y profesionales de la Justicia, según ha informado el propio Ministerio.
Actualmente, los órganos y profesionales de la Justicia en la provincia de Cáceres están ya trabajando mediante comunicaciones electrónicas en todos los órdenes jurisdiccionales y para todos los colectivos, tanto para el envío de notificaciones como para la presentación de todo tipo de escritos. Desde que el pasado 1 de enero entrara en vigor la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas, en la provincia de Cáceres se han efectuado a través del sistema LexNET un total de 70.557 notificaciones y se han presentado 1.168 demandas y 20.183 escritos de trámite dirigidos a todos los órganos jurisdiccionales, frente a las 66.585 notificaciones, 832 demandas y 13.807 escritos de trámite presentados en el mismo periodo de 2015.
El Ministerio de Justicia ha invertido en la provincia de Cáceres 672.029 euros en 2015, un 17% más que en el año anterior, en equipamiento tecnológico, acciones formativas y refuerzo del servicio de atención y soporte al usuario.
En esta visita a Cáceres, la secretaria de Estado de Justicia ha mantenido también un encuentro con los decanos de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales para explicarles el proceso de implantación y desarrollo del proyecto de comunicaciones telemáticas así como para resolver las dudas e inquietudes de estos colectivos, todo ello con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y lograr la plena digitalización de la Justicia.
