En su respuesta a una pregunta parlamentaria planteada en el Congreso, el ministro ha afirmado que “el Gobierno encara el derecho a la vivienda como un pilar básico del estado del bienestar” y ha hecho un llamamiento al diálogo entre todos los agentes, organizaciones sociales, sector privado y el resto de administraciones públicas.
En este contexto y exponiendo las medidas a tomar, el responsable del Departamento ha afirmado que se está trabajando en el marco de los Acuerdos de Investidura y que lo primero es reconocer que “estamos ante un tema de urgencia social”, como así ha corroborado la Justicia en una sentencia reciente que avala el Real Decreto-Ley del 1 de marzo, “que introdujo más de 20 medidas que dan mayor seguridad y garantías a los inquilinos, mayor certidumbre y limitaba los incrementos de los contratos al IPC”.
En este sentido, Ábalos ha detallado que la inversión en políticas de vivienda, según datos de Eurostat, se sitúan en España entorno al 0,11% del PIB, (dato del año 2016, último publicado por dicho organismo) muy por debajo de la media europea situada en el 0,57% o Francia en el 0,82%.
Para paliar esta situación, el ministro ha señalado la necesidad de diseñar una estrategia a medio y largo plazo basada en el aumento de la oferta de vivienda de alquiler, especialmente en torno al alquiler social, con una batería de medidas como las siguientes:
• Incrementar la oferta de vivienda, nueva o rehabilitada, a precio asequible.
• Perfeccionar los incentivos y ayudas a propietarios e inquilinos.
• Facilitar una regulación que limite las subidas de los precios de los alquileres, especialmente en determinadas zonas tensionadas.
