Segun ANVA-RC, y con datos de 2015 los médicos forenses de las grandes ciudades podían valorar entre 40 y 60 víctimas al mes y desde el 2019 se redujeron entre 1 y 10 al mes. Además, el problema con el que se encuentran los abogados es que un porcentaje muy elevado carecen de medios y no disponen de un emplazamiento adecuado.
A esto se añade, según denuncian, que la formación que reciben los médicos forenses proviene de los cursos y jornadas de las grandes aseguradoras del ramo, dando una imagen de las víctimas y unas pautas interesadas de actuación para las lesiones más numerosas, estadísticamente hablando, que son las que afectan a la columna vertebral".
Ante esta situación las asociaciones de víctimas reclaman a la Administración que les provea de una formación imparcial y de calidad con conocimientos actualizados en la materia y con medios desarrollados para ejecutarlos. Lo mismo piden para los recién instaurados institutos de Medicina Legal que están derivando en el favorecimiento de las mismas aseguradoras.
Problemas del Código Penal
En una nota remitida tras el encuentro, los letrados también recuerdan que con la reforma del Código Penal del año 2015 se produjo la despenalización de las acciones por accidentes, de tal manera que antes las reclamaciones de los lesionados eran gratuitas por la vía penal y ahora, si quieren iniciar un proceso judicial, las víctimas han de hacerlo por la vía civil y adelantando los gastos de procurador, perito, etc.
Durante este período de tiempo (del 2015 al 2019) se consiguió el descenso de los procesos, que es lo que iba buscando la reforma del Código Penal, pero a costa de que miles de víctimas se quedaran sin un procedimiento ágil y gratuito para conseguir sus resarcimientos, según los abogados de esta asociación.
Ante este hecho se vio necesario realizar algunas modificaciones en 2019 de la L.O. 10/1995 y, entre ellas, se introdujo el delito de imprudencia menos grave con el fin de que se pudiera tramitar por la vía Penal más accidentes de tráfico, además de otras novedades, como la elevación de las penas para los homicidios imprudentes o la aparición del delito del abandono del lugar de accidente.
Todas estas medidas, según recuerdan, recogieron algunas de las pretensiones de las asociaciones de víctimas de accidentes, aunque quedaron otras tan importantes como la de la modificación del baremo de valoración del daño corporal o la formación de los médicos forenses en los siniestros.
