Yolanda Díaz ha destacado que "ha sido una Conferencia Sectorial histórica, un ejemplo en democracia de colaboración con las comunidades autónomas. Trabajaremos conjuntamente una parte muy importante de los déficits del mercado laboral en España".
En esta reunión se ha aprobado la distribución territorial de 2.110.827.030 euros para implementar la Políticas Activas de Empleo de nueva generación. Esta dotación presupuestaria, con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue aprobada en el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2021.
Las comunidades autónomas han apoyado mayoritariamente el reparto final resultante con solo un único voto en contra, el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Detalle de algunas asignaciones
145.089.350 euros se destinarán a acciones formativas con itinerarios de formación con acompañamiento personalizado y compromiso de contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos, en el marco de Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE no vinculadas a certificados de profesionalidad. En estos programas podrán participar 43.000 personas trabajadoras desempleadas.
- 110.199.040 euros financiarán acciones formativas de personas trabajadoras en ERTE para promover la recualificación y la actualización de 250.000 personas.
- 600.000.000 euros se utilizarán para atender a 21.000 personas jóvenes, menores de 30 años, para que puedan obtener cualificación profesional en sectores estratégicos mediante contrato formativo en el marco del Plan para el incremento y la mejora del empleo joven en el marco de la modernización de las Políticas Activas de Empleo.
"Se trata de un impulso decisivo para que las comunidades autónomas puedan desplegar toda su potencialidad y para que una parte de estos fondos ponga su foco en otro vector de futuro: combatir el desempleo juvenil", ha señalado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ha añadido que "un país no se puede construir de espaldas a su juventud. Porque necesitamos la energía, la fuerza y la creatividad de una juventud que es nuestro principal activo como sociedad".
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 688 millones de euros que se sumarán a los fondos anteriores, para los que se están estableciendo hitos y criterios de distribución.
Esto supone un incremento neto, respecto del año anterior, de 800 millones en el apartado destinado a las comunidades autónomas y "es el reflejo del extraordinario incremento presupuestario de las políticas activas de empleo en el presente presupuesto del Estado", ha explicado Yolanda Díaz.
Principales partidas
La red de Servicios Públicos de Empleo recibirá 82.620.000 € destinados a las políticas de orientación de las personas trabajadoras, en la línea de mejora de ratios que recomienda el Consejo de la Unión Europea lo que permitirá reforzar "el compromiso de todas y todos nosotros de otorgarles funcionalidad, destreza, de conseguir que acompañen a las personas y que cumplan con excelencia esta tarea", ha subrayado Díaz.
La Formación en Diálogo Social y Negociación Colectiva tienen una partida asignada de 10.125.000 euros.
Los Centros Especiales de Empleo reciben un total de 25.856.530 euros para garantizar su actividad de inserción laboral.
Orientación a resultados
Descontadas las tres últimas partidas desglosadas anteriormente queda la cantidad de 1.992.225.500 euros. El 55% se reparte atendiendo al criterio establecido en 2019. El 45% restante, que asciende a 896.501.475 € se distribuye según el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), que contiene los indicadores denominados Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO) que permiten obtener evaluación de esfuerzo e impacto.
Ninguna comunidad autónoma recibe una cantidad inferior a la que se le transfirió en 2020. Aumentan asignaciones: Asturias, Cantabria, Castilla- La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Los fondos destinados a la formación tendrán una referencia especial a los indicadores de seguimiento. Todos estos créditos serán objeto de un seguimiento semestral a través de un informe específico de nueva implantación.
De manera general, se establecen indicadores de impacto para todos los fondos de todos los ejes para verificar a los 6,12 y 18 meses la empleabilidad de las personas beneficiarias.
Estos instrumentos se fijarán en el PAPE 2021 y en la orden ministerial de distribución de fondos.
