El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 28 de julio el anteproyecto de ley por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para reforzar la protección de los empleados que informen sobre infracciones normativas y casos de corrupción en el ámbito laboral, con el objetivo de blindarles frente a represalias y discriminaciones.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la reforma busca reforzar las garantías de indemnidad de estos trabajadores, al considerar que el sistema de protección "quedaría enormemente debilitado" si se limitara a reconocer la indemnización correspondiente al despido improcedente.
Discriminación directa o indirecta
En concreto, el texto prohíbe cualquier discriminación, directa o indirecta, tanto en el acceso al empleo como una vez iniciada la relación laboral, por comunicar o revelar infracciones normativas o hechos de corrupción conforme a la Ley 2/2023 de protección de los informantes.
Asimismo, declara la nulidad del despido durante el periodo de prueba, de los despidos por causas objetivas y disciplinarias cuando se produzcan como represalia por revelar o comunicar este tipo de infracciones. También serán nulas las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable hacia estas personas trabajadoras.
La norma extiende igualmente esta protección a quienes sufran represalias por presentar reclamaciones en la empresa o por emprender acciones administrativas o judiciales dirigidas a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación o relacionadas con la revelación o comunicación de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
