Mediante la firma del memorando, que tendrá una vigencia de dos años, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia se comprometen a poner en marcha programas de formación dirigidos a magistrados, vocales, jueces y servidores públicos del órgano Judicial mediante la celebración de jornadas, cursos, seminarios, encuentros, estancias, intercambios, pasantías, doctorados, etc. en materias relacionadas con las administraciones de justicia.
Entre otras actividades, se prevé también el intercambio de información sobre programas, metodologías y sistemas de capacitación judicial; el intercambio y apoyo recíproco entre Escuelas Judiciales y Centros Públicos de Capacitación Judicial de Iberoamérica y la elaboración de protocolos en administración y comunicación de justicia bajo estándares internacionales.
Asimismo, la elaboración de programas que den a conocer entre la ciudadanía el funcionamiento del sistema de justicia, con especial incidencia en materia de derechos humanos y protección de los colectivos vulnerables; el desarrollo de observatorios judiciales para la detección y corrección de problemas en la administración de justicia; y el fomento del uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia con el objetivo de impulsar la implantación del expediente judicial electrónico.
