El autor analiza cuestiones clave relacionadas con la declaración expresa de caducidad de un procedimiento de comprobación limitada tramitado por la Administración tributaria
El plazo general de prescripción tributaria es de cuatro años, mientras que el plazo de prescripción del delito contra la Hacienda Pública es de cinco años (o de diez, en función de la cuantía defraudada)