Entre otras figuras relevantes, destacó la apertura institucional a cargo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño; así como la participación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y la presidenta del CICAC y decana del ICAB, Maria Eugènia Gay.
El encuentro puso el foco en el Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva Europea 2019/1023, que ha suscitado la polémica en España desde su aprobación en agosto de este año. Uno de los puntos que ha originado más críticas por parte de los distintos implicados en los procesos de insolvencia, es el procedimiento especial para micropymes, recogido en el Tercer Libro del Anteproyecto.
Por todo ello, el Congreso dedicó una mesa redonda jurídica a abordar los retos y propuestas sobre esta medida, que condujo Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y en la que participaron Ana Belén Campuzano Laguillo, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo-CEU, José María Fernández Seijo, Magistrado de la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, y Béatrice Dunogué-Gaffié, presidenta de la European Insolvency Practitioners Association.
Tanto Pavía como Campuzano coincidieron en recalcar el trabajo de abogados y administradores concursales, frente a las dudas de Fernández sobre su utilidad. Dunogué-Gaffié aportó la visión de los administradores concursales europeos, sorprendiéndose de que se cuestionase la labor de estos profesionales en los procedimientos de insolvencia, una figura clave para asegurar la imparcialidad en estos procesos.
La presidenta de EIP lamentó que el Anteproyecto plantease dejar fuera del proceso a figuras tan necesarias, alegando que el deudor quedaría desamparado. Señaló que, en la mayoría de los casos de micropymes, los empresarios no tienen los conocimientos suficientes del marco legal ni de la insolvencia como para poder gestionar su situación.
Dunogué-Gaffié insistió en la necesidad de proporcionar ese apoyo profesional a través de perfiles que puedan aportar una imagen real del estado de las compañías, que sean imparciales y justos. “Esto no significa”, subrayó, “que el administrador concursal esté en contra del deudor, como muchas veces se entiende de forma errónea, sino que nosotros tenemos los conocimientos, la experiencia y la neutralidad para ser objetivos y ver la realidad de la solvencia de una compañía”.
En contra de la idea de que eliminar al administrador concursal supondría un ahorro de gastos, la presidenta de EIP destacó que si lo que buscamos es la eficiencia, contar con un profesional es clave para ver si una empresa es viable o no, puesto que “los administradores concursales son los expertos en la materia, pueden agilizar los procesos y conocen las herramientas necesarias en cada caso”.
Dunogué-Gaffié, concluyó su intervención puntualizando que en Francia cuentan con una profesión específica dedicada completamente a los casos de insolvencia, puesto que, según sus palabras, “no importa cuán buena sea la ley. Si no tienes la persona adecuada para implementarla, se convertirá en nada”.
