Esta Ley es la primera que en el ordenamiento jurídico español aborda la Seguridad Nacional de forma integral implicando a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en general. Su elaboración se inició en 2013, fruto de la necesidad de incorporar la Seguridad Nacional en el ordenamiento jurídico español mediante una norma legal, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional.
Define la Seguridad Nacional y refuerza las capacidades del Estado para ofrecer soluciones a estos desafíos de forma eficaz y coordinada.
Para hacer frente a las crisis de forma tanto preventiva como reactiva, el Consejo de Seguridad Nacional dirige y coordina las actuaciones pertinentes, y estará asistido por un Comité Especializado de gestión de crisis, que busca mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas para favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones.
Situaciones de interés para la Seguridad Nacional
Una novedad importante de la Ley es la regulación de las situaciones de interés para la Seguridad Nacional, que viene a rellenar un vacío normativo existente entre las crisis más graves contempladas en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales de las autoridades competentes.
En esta nueva situación no se ven afectados los derechos fundamentales y libertades públicas, pues su finalidad es permitir una coordinación más eficiente en el uso de los instrumentos del Estado, ni implica la alteración del desempeño ordinario de las respectivas atribuciones por parte de las autoridades competentes, que actuarán, desde la declaración de la situación por el presidente del Gobierno, bajo la dirección del Gobierno.
El funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional se basa, principalmente, en el ejercicio responsable y solidario del conjunto de las Administraciones Públicas de los principios de coordinación y cooperación en los respectivos ámbitos competenciales.
Política pública de responsabilidad del Gobierno
Además, se consagra la política de Seguridad Nacional como política pública de responsabilidad del Gobierno, que requiere de respaldo parlamentario, para lo cual se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. También se regula el Sistema de Seguridad Nacional y se potencia la cooperación con las Comunidades Autónomas mediante la creación de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, así como la colaboración privada y la participación ciudadana, con lo que se garantizan el enfoque integral de la gestión de crisis y la organización de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional.
Esta Ley potenciará las capacidades del Estado para responder a desafíos muy diversos que golpean los cimientos del Estado de Derecho y la libertad y el bienestar de los ciudadanos.
