La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se dirigió ayer martes al Juzgado de Guardia en Arona solicitando, de acuerdo con la ley, la ratificación de la medida.
Según recuerda el magistrado Daniel Pedro Álamo González en el auto que avala la medida, al tratarse de una medida de máxima urgencia la ley autoriza la competencia accidental de un órgano judicial penal para resolver una cuestión de carácter administrativo, que en principio debía de ser dirimida ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.
No encontrándose disponible un órgano de este orden al ser el pasado lunes día inhábil en Santa Cruz de Tenerife (festividad de la virgen de Candelaria), la actuación de la Consejería sólo podía ser avalada por el juzgado de guardia.
“Existe un caso constatado con una persona contagiada por dicho virus”, razona el instructor, “y con indicios razonables de poder propagarse dicha enfermedad, lo cual, a efectos de valoración médica, hace necesaria (...) la cuarentena en las dependencias de dicho hotel para el control de enfermos, de personas que hayan tenido contacto con dichas personas, y evitar la propagación”.
El magistrado expone que, a la vista “del grave problema sanitario existente a nivel mundial a fecha actual con el denominado corona-virus, o Covid-19, el riesgo de propagación, la necesidad de adoptar medidas urgentes y contundentes para evitar la propagación”, es procedente “ratificar dicha medida, a fin de evitar un mayor contagio y propagación y por el peligro de salud pública, de conformidad con la Declaración de Emergencia Sanitaria internacional por el brote de coronavirus”.
