Durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso, Báñez ha querido dejar clara la diferencia entre este sistema de avisos anónimos y las denuncias, que mantienen "todas las garantías, incluida la identificación del denunciante" aunque sean confidenciales.
"El buzón no cambia lo que ya existía, en todo caso facilita el contacto vía telemática con la Administración. Los trabajadores objeto de fraude y los ciudadanos podrán informar de conductas irregulares con garantía absoluta de confidencialidad para que sean objeto de análisis por parte de la Inspección, de cara a una posible y ulterior planificación de su actividad", ha señalado.
No se tramitarán denuncias anónimas
Así, no se tramitarán las denuncias anónimas, algo no permitido por la vigente normativa, pero sí se aprovechará la información ciudadana para que "los inspectores tengan la máxima información de posibles bolsas o de casos concretos de fraude para que, siguiendo los procedimientos habituales, se puedan abrir investigaciones, como ya se hace".
"La finalidad última es obtener información ciudadana sobre distintos incumplimientos de orden social para poder mejorar la actividad planificada y la eficacia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en favor siempre de los trabajadores y las empresas", ha insistido la ministra, reprochando a quienes critican esta medida en lugar de apoyar todas las vías de lucha contra el fraude.
En este punto, ha afeado particularmente los reproches del PSOE, citando dos instrucciones dictadas por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el año 2010, y en las que se instaba a los inspectores a "tratar pormenorizadamente" las comunicaciones que no reunieran los requisitos para ser tratados como denuncia con el objetivo de "decidir la conveniencia de solicitar o no una subsanación, pedir actuaciones o archivarlas".
"La Ley de la Inspección impide tramitar denuncias anónimas, sin perjuicio de que si la Jefatura considera la información creíble y relevante pueda utilizarla para la ordenación de actuaciones planificadas", ha leído en otras de las instrucciones, recordando que en 2006 el Gobierno catalán de José Montilla puso en marcha "sin dar publicidad" un buzón de colaboración ciudadana que permite informaciones anónimas.
Báñez también ha citado una consulta de la Dirección General de la Inspección del 10 de julio de 2005 donde se indicaba que "en la práctica se ha observado que, aunque algunas denuncias son anónimas, a veces manifiestan una situación real de especial importancia y gravedad, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales y de economía sumergida, por lo que es posible que, tras ponderar las circunstancias, el jefe de la Inspección inicie actuaciones por iniciativa propia". "Lo mismo que está vigente hoy", ha añadido Báñez.
Se usa en otros países
En este sentido, ha recordado que "la mayoría de países de nuestro entorno" --como Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Austria-- cuentan con sistema de comunicaciones similares, lo mismo que muchas instituciones españolas, citando como ejemplos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, la Agencia Tributaria o incluso la Fiscalía General.
"Todos los días reciben información ciudadana que en ocasiones se investiga y, en otras, se desecha", ha dicho, apuntando asimismo que el poder judicial "puede incluso abrir diligencias de investigación por hechos de los que se ha tenido conocimiento simplemente a través de los medios de comunicación".
Además, ha destacado que el Gobierno ha puesto en marcha esta iniciativa "con total transparencia, con un anuncio público". "No puede decirse lo mismo del anterior Ministerio, que nunca hizo pública esta posibilidad. Por tanto, no digan lo que no es verdad. Esta medida cumple la ley. No es cierto que el buzón vulnere la ley vigente, no es cierto. Es completamente falso", ha insistido.
El fraude es responsabilidad de todos
En cualquier caso, Báñez ha recordado que el fraude laboral y a la Seguridad Social "va mucho más allá del delito económico" ya que supone "un golpe al corazón de los derechos fundamentales de los trabajadores".
"Por tanto, tolerancia cero. Se trata de recordar a la sociedad que el fraude nos perjudica a todos y es responsabilidad de todos erradicarlo. Porque el fraude, sea el que sea, no tiene apellidos ni adscripciones territoriales", ha dicho.
Por eso, se ha preguntado a qué vienen las "reacciones" de algunas formaciones políticas en contra de un buzón que sólo pretende abundar en la lucha contra esta lacra y "defender los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social", y ha recordado que "ningún ciudadano que cumpla la ley tiene nada que temer".
