Convocadas con el objetivo de “democratizar el acceso a puestos que requieren de una oposición dura", como manifestó en su presentación la ministra de Justicia, Pilar Llop, su concesión ha venido determinada en gran medida por el nivel de renta de los solicitantes, con el fin de atraer talento eliminando barreras socioeconómicas.
Asimismo, se han tenido en cuenta factores como ser víctima de violencia de género o de terrorismo y se ha reservado un cupo del 50% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
En ese sentido, la titular de Justicia ha señalado que estas becas tienen el objetivo de beneficiar a aquellas personas que “tienen vocación por el servicio público y sus familias no pueden costear los estudios". Según Llop, son unas becas basadas en la Justicia social y diseñadas para la gran mayoría.
Del total de 245 becas, cuyo importe total asciende a 1,6 millones de euros, 173 están destinadas a las carreras judicial y fiscal; 60 al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia; y 12 al de Abogados del Estado. Tienen periodicidad anual y podrán ser renovadas hasta en tres ocasiones más.
Del total de los beneficiarios, 194 son mujeres (el 79,18%), frente a 51 hombres (20,82%). Estos porcentajes se corresponden con los de las solicitudes: 683 (el 79,23%) fueron presentadas por mujeres mientras que 179 (el 20,77%) por hombres.
Por comunidades autónomas, las tres con mayor número de adjudicatarios han sido Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid -66, 32 y 21 becados, respectivamente-.
