Vargues ha expuesto que en los próximos meses se sentarán las bases de esta reforma estructural con la aprobación de cuatro instrumentos normativos clave, que son la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); la ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, que incorpora la implantación de medios adecuados de solución de controversias; la ley de eficiencia organizativa, que conlleva la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en el Municipio; y la ley de eficiencia digital.
Con esta última se pretende dotar de seguridad jurídica a las vistas y actos con trascendencia procesal realizados a través de medios telemáticos, así como introducir los cambios necesarios para la tramitación de los procedimientos orientada al dato. Según Vargues, “la cogobernanza digital y la tramitación orientada al dato son la clave de una interoperabilidad real”, que es uno de los grandes retos de la administración de Justicia.
Cogobernanza y fondos europeos
Y si estas cuatro normas citadas son la base del camino hacia la reforma estructural de la Administración de Justicia, “la cogobernanza es el marco para conseguir este cambio y los fondos europeos son el elemento acelerador”, ha añadido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.
Todo el proyecto de transformación digital de Justicia se gestionará como un proyecto país, “se trata de trabajar con objetivos comunes”, ha precisado Vargues, quien además ha remarcado que en el centro de todo el sistema está el ciudadano.
Vargues ha hecho también balance de lo que ya se ha conseguido hasta ahora en el ámbito en la digitalización, focalizado principalmente y dadas las circunstancias en superar la grave situación causada por la pandemia.
Así, el teletrabajo, las vistas telemáticas o la cita previa son hoy una realidad en el ámbito de la Administración de Justicia, ha destacado. Y pronto lo serán la inmediación digital, la textualización de vistas o el acceso a los expedientes judiciales electrónicos”, ha concluido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.