Si tras este primer plazo las autoridades españolas siguieran sin cumplir con el requerimiento comunitario, el Ejecutivo comunitario podrá iniciar la siguiente fase del expediente, con el envío de un dictamen motivado, y, en última instancia, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar una sanción por incumplimiento.
CERMI pide que se "haga por fin accesible"
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aplaudido este jueves la decisión tomada por la Comisión Europea y espera que este expediente, que puede ser sancionador, obligue a España a que el 112 "sea por fin accesible".
Para el CERMI, "a pesar de la antigüedad y el recorrido histórico de este número de emergencia en España y en Europa, tiene un problema estructural de accesibilidad que no se ha resuelto, pese a las demandas, denuncias y la insistencia sobre este tema por parte del movimiento asociativo de la discapacidad".
La entidad explica que en España el 112 es gestionado por las comunidades autónomas y hay una disparidad de criterios, de procedimientos y de protocolos de respuesta respecto a las personas sordas o sordociegas.
En este sentido, lamenta que no esté garantizada la universalidad cuando una persona sorda o sordociega tiene que utilizar este número, porque cada comunidad tiene su protocolo y esta disparidad de respuestas se hace irresoluble.
Así, la plataforma representativa de la discapacidad en España advierte de que, cuando una persona sorda o sordociega sale de su comunidad por trabajo o por ocio, no sabe qué respuesta se encontrará en su punto de destino, porque cada autonomía tiene un protocolo diferente y la persona con discapacidad que en su comunidad tiene una respuesta, no sabe la que tendrá en otra.
El CERMI destaca que la solución es posible porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, por lo que solo hace falta voluntad política.
Se trataría de implantar un mecanismo centralizado o una transferencia automática entre territorios para que la persona no necesite saber los protocolos de cada comunidad autónoma.
En esta línea, la entidad expresa su deseo de que el procedimiento de incoación contra España, que se ha hecho eco de las quejas del movimiento asociativo de la discapacidad, sea un elemento de presión que sirva para que el 112 sea, por fin, accesible.
