
La Comisión Europea ha adaptado la metodología que utiliza para calcular las multas económicas que propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) cuando denuncia ante este organismo a un Estado miembro por incumplir alguna normativa europea, un cambio que en la práctica conlleva menores sanciones económicas.
El Ejecutivo comunitario debe proponer a la Justicia europea una sanción económica cuando lleva al TUE a un socio europeo que ha violado una ley comunitaria. En este ejercicio incluye una suma a tanto alzado, que penaliza el incumplimiento en sí, y una multa diaria, que condena un incumplimiento continuado desde el día en que el tribunal de Luxemburgo lo confirmó por primera vez.
La legislación europea obliga a Bruselas a tener en cuenta, cuando propone dichas multas, la gravedad de la infracción y su duración, pero también la situación económica del país involucrado y su "peso" institucional.
Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario se fijaba en el PIB y el peso de cada país en las decisiones que se toman en el seno del Consejo de la UE, la institución con poderes legislativos en la que están representados todos los Estados miembros. Con el nuevo método, Bruselas sustituye este segundo factor por el número de eurodiputados que tiene cada socio europeo en el Parlamento Europeo.
Este cambio, reconoce la Comisión Europea, puede llevar a que las multas que proponga al TUE en el futuro sean menores, pero ha defendido que esto las acercará a las sanciones que finalmente impone la Justicia europea, que "generalmente" suelen ser más pequeñas que las de Bruselas.
El Ejecutivo comunitario también ha subrayado que el nuevo cálculo garantiza que sus denuncias por infringir las normativas comunitarias seguirán siendo "sólidas, equilibradas y justas". También ha apuntado que las nuevas multas "no crean diferencias injustificadas entre los Estados miembros".
Esta nueva metodología comenzará a utilizarse una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la UE. Sin embargo, la Comisión Europea tendrá que ajustar de nuevo la multa mínima que puede imponer a cada Estado miembro una vez que Reino Unido abandone la UE y ya no forme parte del club.

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