Campo ha destacado los esfuerzos del Ministerio de Justicia para acomodar la legislación española a las exigencias del derecho europeo en lo referente al acceso y a las condiciones del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, y, especialmente, a la interacción entre ambas.
El ministro ha señalado que se ha dado una respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo vigente del ejercicio de la procura en España, defendiendo siempre a ultranza la separación de funciones entre procura y abogacía, lo que finalmente ha conseguido modificar las exigencias europeas y cerrar el expediente de infracción contra España.
El acceso único, pero no simultáneo, al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador; la posibilidad de formar sociedades profesionales multidisciplinares; y la modificación de un régimen arancelario más compatible con la libre competencia y el derecho de los consumidores, son las tres medidas más importantes en el Anteproyecto de Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, ha explicado Campo.
