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ENTREVISTA

Carlos Berruezo: "Debe reforzarse la administración de justicia para mejorar su respuesta a la demanda de la sociedad, como hacemos los operadores jurídicos, pero no resolverlo a nuestra costa"

Entrevista
Decano GS Barcelona Carlos Berruezo

Entrevistamos al decano del Colegio de GS de Barcelona para que nos muestre la situación del colectivo con motivo de la crisis sanitaria

Tras el aluvión de ERTEs por parte de las empresas y lo que ha conllevado a un aumento del trabajo de muchos profesionales, entre ellos los graduados sociales, entrevistamos al decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona Carlos Berruezo del Río.

- Tras las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para el trabajo de los operadores jurídicos con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de estas medidas? ¿sería positivo que el mes de agosto sea hábil?

Entendemos la necesidad de desencallar el parón de buena parte de los asuntos durante el periodo de emergencia, pero creo que esto no se puede resolver declarando hábil el mes de agosto.

Es especialmente gravoso para los Graduados y Graduadas Sociales que están/mos trabajando a un ritmo altísimo todos estos días para atender a la excepcionalidad y sus consecuencias. El mes de agosto inhábil nos permitirá dos cosas, por un lado, reorganizarnos para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, y por otro, tomar un merecido descanso y conciliar nuestra vida profesional con la privada.

Debe reforzarse la administración de justicia para mejorar su respuesta a la demanda de la sociedad, como hacemos los operadores jurídicos, pero no resolverlo a nuestra costa.

- ¿Cuáles son los asuntos más consultados a los graduados sociales durante la crisis del COVID-19? ¿Qué ha generado más dudas y confusión a los ciudadanos?

La mayor parte de PYMES y autónomos del país están asesorados en temas laborales y fiscales por graduados y graduadas sociales. Las principales dudas se han referido a los ERTEs, los plazos disponibles para llevarlos a cabo, que trabajadores están afectados y cuáles no, la documentación necesaria, cómo elaborar la memoria, y el procedimiento a seguir.

Cabe señalar que hemos estado trabajando bajo una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, ante el alud normativo que se ha creado para regular la situación, incluso contradictorias, a veces.

Muchas consultas también han venido sobre los plazos para presentar los pagos a la Seguridad Social, así como sobre las obligaciones tributarias por parte de empresarios y autónomos, que en este caso nos han consultado sobre la prestación por cese de actividad.

Las consultas por parte de las personas asalariadas han sido las relativas a su situación laboral, su duración y el impacto en sus ingresos. Hemos podido constatar que la ciudadanía ha vivido esta situación con especial estrés, ante el exceso de normativa técnica y la confusión derivada del discurso político.

- El Ministerio de Trabajo y Economía Social, debido al incremento de trabajo del colectivo de graduados sociales y de todos los operadores jurídicos, y la sobrecarga del SEPE,  decidió no sancionar el incumplimiento de los plazos en la presentación de los ERTES. ¿Esta ha sido una solución? ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar un nuevo colapso en el sistema?

Entendemos que es lo mínimo que se puede hacer, a pesar de que es una promesa que no consta en el Decreto. Entendemos que su cumplimiento se llevará a cabo con criterios interpretativos amplios, ya que el esfuerzo que estamos llevando a cabo los profesionales estos días está siendo muy elevado y en unas condiciones laborales, técnicas y emocionales duras. Soy consciente que, por su parte, las administraciones también están realizando grandes esfuerzos para evitar el colapso. Ambos, profesionales y administración, debemos movernos en un clima de confianza mutua y empatía, si queremos resolver positivamente esta situación.

Es obvio que las circunstancias sucedidas son excepcionales, inéditas, de las que nadie tenía ninguna experiencia y, lógicamente, el sistema se desbordó. El sistema no estaba preparado para el aluvión de Expedientes. Ha habido momentos en que los graduados sociales nos hemos sentido poco acompañados y comprendidos en la búsqueda de respuestas a los problemas surgidos. Hay mucho que aprender de esta experiencia, esta es la gran oportunidad para mejorar el sistema.

- En la actualidad, los medios telemáticos son las principales herramientas para realizar cualquier gestión, ¿qué obstáculos han encontrado los graduados sociales?

Tenemos serias dificultades. En este país, y especialmente en la administración y en la justicia, la transición digital ha sido más formal que real. Un “quiero y no puedo”, como se acostumbra a decir. La Ley 90/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las relaciones con la Administración potenciaba esa utilización de las TIC hasta imponerlas a los profesionales, incluso sin opción para el administrado, pero eso exige también proporcionar los recursos necesarios que, aún a día de hoy, no están suficientemente disponibles. Esto se ha visto ahora. Queda mucho por hacer y esta experiencia ha de permitir resolver contradicciones demasiado frecuentes.

La excepcionalidad no puede ser excusa ante el colapso por la cantidad de datos en el ámbito digital. Este ha de ser diseñado de manera que se escale fácilmente, para evitar estas situaciones.

- Después de la pandemia sufrida no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿qué cambios se esperan en el sector legal? ¿Cuáles son los retos del futuro?

Los cambios en el sector legal deben venir de la mano de una transformación digital en mayúsculas. El ámbito del derecho ya vive en continua evolución y transformación a partir de las demandas de una sociedad y en unos entornos en cambio permanente.

El uso de las tecnologías digitales es la clave para la mejora de la eficiencia de los procedimientos jurídicos y administrativos.

Esta crisis global ha demostrado que las organizaciones más preparadas y las administraciones más avanzadas han sido más resilientes ante la situación generada. Hemos de destinar más medios para ello. No obstante, creo que la Jurisdicción Social necesita más presupuesto, funcionarios y Juzgados, para poder sobrevivir al caos generado, ya que la situación era crítica antes de la declaración del estado de Alarma.

- En relación con la pregunta anterior, y en concreto con el colectivo, ¿qué papel están jugando los graduados sociales en esta crisis? ¿se podrían asumir más funciones de cara al futuro?

Los graduados y graduadas sociales hemos sido servicios esenciales desde el primer minuto de la crisis. Hemos asumido nuestro papel como “infantería” en las relaciones laborales y hemos prestado auténticos servicios de urgencia a empresas, trabajadores y autónomos, ante este panorama de urgencia inédita. Por ello me siento muy orgulloso de mis compañeros y compañeras graduados sociales. Somos la correa de transmisión entre la ciudadanía trabajadora, empresarios y autónomos, y las administraciones públicas. Nadie conoce mejor el mundo del derecho laboral y de la Seguridad Social que nosotros.

En cuanto a asumir más funciones de cara al futuro, coincido con nuestro presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, al esperar que se reconozca la inmensa labor y descomunal esfuerzo que están llevando a cabo todos y cada uno de los graduados y graduadas sociales. Hemos demostrado, por responsabilidad, conocimiento y eficacia,  que merecemos un papel relevante en el mundo del Derecho Laboral y de Seguridad Social. Por ello, creo que el primer paso sería que nos dieran la merecida oportunidad, como profesionales, de poder formalizar los recursos de casación para la unificación de doctrina, así como ser parte de la asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía en nuestro ámbito.

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