Los plazos para presentar la documentación para la solicitud contributiva por desempleo a los trabajadores afectados por la suspensión de sus contratos de Trabajo o la reducción de su jornada laboral de forma temporal ante el SEPE, derivados de fuerza mayor, terminan hoy, tres de abril, sin que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se haya estimado necesario ampliar dicho plazo, ni se haya tenido en cuenta la excepcionalidad de la situación y las limitaciones para los profesionales responsables de la gestión de los expedientes, en buena parte graduados y graduadas sociales.
Por su parte las empresas que no consigan presentar sus expedientes en el plazo determinado, se someten a las posibles sanciones contempladas en el apartado 4 del art. 3 del R.D.L. 9/2020 por el incumplimiento.
El Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, constata además que, al extraordinario volumen de trabajo, hay que añadir la imprecisión de las normas extraordinarias que han regulado los procedimientos, los cambios en los formularios y en los requisitos exigidos, han sobrecargado el volumen de trabajo de estos profesionales.
A todo esto, se añaden los problemas técnicos de los sistemas de gestión digital del SEPE, incapaces de absorber el volumen de expedientes a tramitar, y que ha tenido que habilitar el envío de expedientes vía correo electrónico. “El propio SEPE se ha visto desbordado por la situación, por ello no comprendo como no amplía los plazos para facilitar la gestión por parte de todos” ha señalado Carlos Berruezo, decano del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Lleida y Girona.
Riesgos para las empresas y trabajadores
“La presentación de expedientes fuera del plazo de los 5 días que señala el R.D.L. 9/2020, implica la posibilidad de sanciones para las empresas y que sus trabajadores puedan sufrir retrasos en el reconocimiento de las prestaciones”, señala Berruezo.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reconoce el enorme volumen de trabajo de los graduados y graduados sociales y la sobrecarga del sistema telemático del SEPE por las extraordinarias circunstancias, no contempla la ampliación del plazo de presentación sino que, simplemente se compromete a “no sancionar el mero incumplimiento de plazos” siempre que resulte excusable por las restricciones de la actividad empresarial derivadas de la situación de Estado de Alarma y las deficiencias del sistema del SEPE.
Para Berruezo, esto “significa un exceso de discrecionalidad en la apreciación de la buena o mala fe en la gestión de los expedientes, con la inseguridad que puede generar a las empresas y los profesionales que gestionamos estos expedientes”. Para el decano de los Graduados Sociales de Barcelona, “esta presión añadida, derivada de la incertidumbre, era innecesaria decretando una ampliación de plazos, que otorga seguridad jurídica a los profesionales y garantiza el cobro de la prestación en su tiempo, a los trabajadores”.
Además, la premura y las dificultades derivadas tanto de la avalancha como de las condiciones de trabajo de los graduados sociales en la gestión de los expedientes, implica una amenaza que, en su revisión, a posteriori, se revoque la calificación de causa mayor o se consideren determinados defectos de forma derivados de las condiciones excepcionales en que estos profesionales están llevando a cabo su actividad. La denegación parcial de la cualificación inicial de estos ERTEs pude resultar letal para autónomos y pequeñas y medianas empresas, además de amenazar la seguridad jurídica de trabajadores, empresarios y autónomos.
Por otro lado, Berruezo quiere destacar “el gran esfuerzo que los graduados y las graduadas sociales están llevando a cabo para resolver la inédita avalancha de ERTEs que están teniendo lugar, con jornadas de más de 14 horas, siete días a la semana, y en unas condiciones extremas”, por lo que considera que “no se puede poner en entredicho en ningún momento la dedicación y su función social, en apoyo a empresas y trabajadores, para mejorar las condiciones de todos ellos en esta situación de crisis”.
Nota aclaratoria del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona publicada el 7 de abril de 2020
El Ministerio de Trabajo y Economía Social (SEPE), que reconoce el enorme volumen de trabajo de los Graduados y Graduados Sociales y la sobrecarga del sistema telemático del SEPE por las extraordinarias circunstancias, remitió escrito por el que matizaba y garantizaba al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España no sancionar el mero incumplimiento de los plazos en la presentación de los ERTES, dado que la norma no lo contempla, por las restricciones de la actividad empresarial derivadas de la situación de Estado de Alarma, cuando sea por causa excusable derivada de la situación actual.
Con este escrito por parte del Ministerio y del SEPE hacia los profesionales responsables de la gestión de los ERTE’s se palia, en gran parte, la necesidad de ampliar el plazo de cinco días marcado por la ley.
