
El jurado, del que han formado parte la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el presidente de TI-España, Jesús Lizcano; el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá; los abogados Francisca Sauquillo y Beltrán Gambier, y el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, decidió además otorgar un accésit a la Fundación ¿Hay Derecho?
La Abogacía Española y TI-España han convocado este galardón, que no tiene dotación económica, para alentar y reconocer el trabajo de quienes han demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la corrupción en su trayectoria vital o profesional.
Carlos Castresana
El ganador de esta primera edición, Carlos Castresana, ingresó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde estuvo dedicado a investigar delitos económicos, en algunos casos de gran relevancia tanto a nacional como internacional. Encabezó investigaciones como el caso Gil, sobre las presuntas irregularidades cometidas por el fallecido alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, o la que presentó ante la Audiencia Nacional contra Augusto Pinochet, a quien acusó de genocidio, tortura y terrorismo, así como a los militares que gobernaron Argentina desde 1976, lo que dio origen al juicio contra Pinochet y a la detención del militar chileno.
En septiembre de 2007, recibió el encargo de la Secretaría General de la ONU, de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en las instituciones para procurar impunidad. En junio de 2010, el magistrado español renunció sin embargo como director del Cicig, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.
Fundación ¿Hay Derecho?
La Fundación ¿Hay Derecho? nació en 2014, tras cuatro años de existencia del Blog del mismo nombre, con el objetivo de defender el Estado de Derecho y las instituciones en España. El jurado le ha otorgado un accésit por su labor a favor de la transparencia, la defensa del Estado de derecho y la mejora de nuestro ordenamiento jurídico e instituciones.

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