El ministro de Justicia ha explicado a los representantes de las doce comunidades autónomas con competencias transferidas los principales proyectos normativos que está impulsando el Gobierno una vez que han sido aprobados por el Consejo de Ministros y empieza su andadura parlamentaria. Catalá se ha centrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la reforma del Registro Civil.
En torno a la reforma de la LOPJ, el ministro ha dejado constancia de la necesidad de que, una vez cumplidos los trámites oportunos y con las debidas garantías procesales, las Administraciones con competencia en la materia puedan destruir autos o expedientes judiciales, una vez constatada la falta de utilidad de los mismos, transcurridos seis años desde la resolución del proceso. Una medida que no se aplicará a los expedientes relativos a causas penales por estar sujetos a plazos más largos de prescripción.
El titular de Justicia les ha expuesto, además, la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno para 2015, la mayor de los últimos años de crisis económica, en la que se contemplan 2.026 plazas para la Administración de Justicia, que permitirán la consolidación de empleo, favorecerán la promoción interna y contribuirán a la profesionalización de los juzgados y tribunales. La Oferta de Empleo Público permitirá convocar plazas en los distintos Cuerpos Nacionales, entre secretarios judiciales, médicos forenses, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Gestión procesal, Tramitación procesal y Auxilio judicial.
Rafael Catalá ha recordado que éste es el primer año que el Ministerio cuenta con un incremento en su presupuesto de un 1,20% sobre las cuentas del año pasado, ascendiendo a 1.475,56 millones de euros, lo que va a permitir destinar 77,5 millones de euros a recursos materiales y humanos. De ellos, una partida extraordinaria de seis millones irá a parar a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia para colaborar a una mejor implementación de la prestación de la asistencia jurídica gratuita, favorecer el impulso y la implantación de las nuevas tecnologías y mejorar la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial.
En cuanto al Registro Civil, ha explicado que su llevanza se encargará a los registradores, lo que no supone una privatización puesto que son funcionarios públicos. Asimismo, ha asegurado que la reforma garantiza la gratuidad de todos los servicios para el ciudadano y que el cambio en su gestión conlleva el mantenimiento de los puestos de trabajo de todos los funcionarios, fijos e interinos.
En el marco del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ministro ha destacado el concepto de Justicia digital, con el objetivo de conseguir el papel cero en juzgados y tribunales. Para ello se ha fijado el próximo 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual será obligatorio el uso de sistemas telemáticos para los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales en la presentación de escritos y documentos.
En la aspiración de conseguir una Justicia cada día más abierta, Rafael Catalá ha recordado que se van a modificar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que sean necesarios para permitir que las nuevas tecnologías de la información sean el medio normal de comunicación entre órganos judiciales y ciudadanos. Asimismo, se trabaja en la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que ya funciona desde el mes de enero en el envío de sentencias a Tráfico.
