Así, el acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-Ley de medidas de carácter temporal y excepcional que, en todo caso, "deben negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales".
En primer lugar, ambas partes reclaman una nueva regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE), incidiendo en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución.
En este sentido, las medidas adoptadas por las Administraciones por motivo de salud pública (cierre de centros, cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, o carencia de suministros, entre otros) podrán justificar ERTE "por fuerza mayor".
Otras medidas propuestas por los interlocutores sociales pasan por la protección de los trabajadores fijos discontinuos; atender el cierre de centros escolares, centros de día y restricciones de movilidad; y facilitar el teletrabajo entendiendo cumplida, con carácter excepcional, la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.
Los agentes sociales, en un comunicado conjunto, destacan que se necesitan fondos adicionales para proteger el empleo y la actividad económica frente a esta crisis, pero entienden que éstos "no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público".
De esta manera, defienden que las medidas planteadas con impacto sobre la Seguridad Social "puedan contar con la gestión y anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, que deberán compensarse con un fondo de ayuda extraordinaria".
Consulta más información en nuestro especial
