El objetivo de Cepyme es que estas recomendaciones se tengan en cuenta de cara a la elaboración de la nueva directiva sobre morosidad, según ha informado en un comunicado.
Cepyme ha defendido que la nueva normativa europea regule de forma específica el retraso de pago en las transacciones comerciales de ámbito privado y no solo se ciña a la morosidad pública, como ocurre en este momento.
También ha expuesto la necesidad de diferenciar entre las situaciones de morosidad y de impago, en facilitar medios para garantizar los pagos y en homogeneizar a nivel europeo el modo en el que se mide el periodo de pago, para que las pymes puedan trabajar en igualdad de condiciones.
De esta forma, Cepyme plantea que se definan con claridad los criterios para determinar el momento del inicio del cómputo de los plazos para entender que se produce la situación de morosidad y que se establezcan medios para poder supervisar que los pagos se realicen en los plazos establecidos por la Directiva, como señala en su comunicado.
La delegación de empresarios españoles también ha analizado las diferentes posibilidades de control existentes para el cumplimiento de la normativa y sus consecuencias para las pymes.
