La entidad ha recordado que ya van "más de diez años de trabajos preparatorios" para lograr este texto, que va a sustituir al aprobado en 1999 y que, a su juicio, "había quedado desfasado a la luz del modelo social de entender la discapacidad al que obliga la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas".
Por el contrario, el que previsiblemente se aprobará el martes, y que según CERMI cuenta con un "amplio acuerdo" entre el Estado, las comunidades autónomas y el sector de la discapacidad, "pretende una valoración más ajustada a la realidad" del colectivo, "dotando de mucha mayor relevancia a los factores sociales y contextuales".
El CERMI celebra, además, que esta nueva medida mantenga "criterios comunes más allá del territorio o administración de referencia" o que trate de "acelerar el procedimiento de valoración, reduciendo los tiempos máximos de espera".
El proyecto del Gobierno, además, recoge algunas de las propuestas de la entidad, como la facultad de que la persona objeto de valoración acuda al acto acompañada de persona de su confianza, si así lo estima; o que en las circunstancias que dan pie a la vía de urgencia esté la necesidad de acceso a prestaciones o apoyos que dependan de la concesión del grado de discapacidad.
