Así lo ha puesto de relieve el CERMI en una propuesta de modificación que remitirá a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado cuando se constituyan las Cámaras, en la que se hace hincapié en que la obtención de cualquier ayuda pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Asimismo, la entidad ha plateado que haber sido sancionado en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley General de Discapacidad, sea también motivo para no poder recibir ayudas de administraciones públicas.
Por otro lado, ha reclamado que se introduzca como motivo de exclusión de la posibilidad de recibir subvenciones, haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.
"Sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como 'premio' a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes", ha denunciado el CERMI.
Asimismo, ha añadido que, en otros ámbitos, como el de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, "se ha excluido de cualquier subvención o ayuda a aquellas que promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas".
