![Reelección de Manuel Marchena](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/10/4d4b5eeddc00c13ba15f2ae064a68ef2-p243303-m747432-768x334_w100.jpg)
Además, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces formalizará la aprobación de las bases de convocatoria para otras dos plazas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se unirán a la ya tercera ya convocada -y a la que se han presentado una quincena de candidatos- por la jubilación del magistrado Luciano Varela.
Una vez se cubran estas plazas serán ya cinco los magistrados de este órgano que no hayan tenido ninguna relación con la instrucción o enjuiciamiento de la causa del "procés" independentista en Cataluña, facilitando la situación del alto tribunal frente a un futuro juicio al expresident de la Generalitat huido Carles Puigdemont en el caso de que sea entregado por las autoridades belgas.
La especial situación del Supremo respecto a este asunto fue apuntada por el propio Marchena apenas dos días después de darse a conocer la sentencia del 'procés'.
Con ocasión de su comparecencia en el CGPJ para optar a su reelección en el cargo, Marchena aludió a la dificultad en la que hipotéticamente se encontraría este órgano en el caso de tener que juzgar a otros encausados en la causa del procés independentista en Cataluña -aludiendo sin citarlo a Puigdemont- debido al hecho de que 13 de los 15 magistrados que lo integran ya hayan tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento.
Actualmente en la Sala sólo hay dos magistrados que no han tenido relación con la causa, que son los dos con menor antigüedad, Eduardo Porres y Susana Polo, quienes tomaron posesión en septiembre de 2018. El resto habrían tocado el 'procés' de algún y otro modo, puesto que los 7 magistrados que han juzgado este caso hay que sumar al instructor, Pablo Llarena, a los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucción, otro magistrado que sustituyó a uno de ellos que se puso enfermo y a la juez Carmen Lamela -contaminada por haber instruido la causa contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional-.
Existe suficiente doctrina del Tribunal Constitucional que avala que un mismo tribunal pueda juzgar unos hechos de los que ya ha tenido conocimiento pero referidos a diferentes persona, si bien otra opción considerada por el Supremo es optar por permitir la entrada a un futuro tribunal para Puigdemont magistrados de otras Salas, entre los que no podría descartarse a los de lo Militar, que tienen además competencias en asuntos penales.
Por ello, la existencia de una Sala de al menos cinco magistrados "no contaminados" -suficientes para formar tribunal- permitiría al Tribunal Supremo evitar esta incómoda posibilidad, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Las plazas de Monterde y Jorge
Las bases de la convocatoria que reciben luz verde este miércoles corresponden a las jubilaciones de dos veteranos de la Sala, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Otras fuentes consultadas apuntan el hecho de que ambos formaran parte del tribunal de apelaciones en la instrucción del 'procés', por lo que de tener que sustituir su labor la Sala quedaría igualmente desabastecida a pesar del refuerzo aprobado por el CGPJ.
Tras el trámite del Pleno, las bases volverán a la Comisión Permanente de este órgano, que es la competente para aprobar formalmente la convocatoria. A partir de ahí, los candidatos tendrán 20 días para presentarse a la plaza.
Las nuevas plazas -tanto la ya convocada por la jubilación de Varela como estas dos nuevas- corresponden al turno general, reservado a miembros de la Carrera Judicial, por lo que un mismo candidato puede presentarse a las tres convocatorias.
Por el momento una quincena de magistrados se han presentado a la primera convocada, siete de ellos procedentes de la Audiencia Nacional, y todos ellos podrán intentarlo también de cara a las dos nuevas plazas que se convocarán.
De momento, y además del nombramiento de Marchena, el Pleno de hoy tiene previsto aprobar otros 19 nombramientos, entre los que se encuentran los relativos a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de Aragón, Asturias y Navarra.