1.- Hechos.
La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un pleito por violación de marca entablado por KP como titular de la marca denominativa de la Unión “Apfelzügle” contra TV, propietario de una granja frutícola. Era pacífico entre las partes que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.
La demandada formuló reconvención de nulidad contra la marca con arreglo al artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d). En la Vista del juicio KP desistió de la acción por infracción, manteniendo la demandada su reconvención de nulidad.
Teniendo en cuenta que la competencia de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea para declarar la nulidad de una marca de la Unión, en detrimento de la EUIPO, está reservada al supuesto de una reconvención frente a la acción por infracción, el tribunal alemán se pregunta si deben interpretarse los artículos 124, letra d), y 128 del Reglamento 2017/1001 en el sentido de que el tribunal de marcas de la Unión Europea sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad de una marca de la Unión, invocada mediante una demanda de reconvención con arreglo al artículo 128 del Reglamento 2017/1001, incluso después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca, con arreglo al artículo 124, letra a).
2.- Pronunciamientos.
El TJ comienza por advertir que, según se desprende de la jurisprudencia relativa al sistema creado por el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada y posteriormente reproducida, sucesivamente, por el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y por el Reglamento n.º 1215/2012, hay que partir de que una demanda de reconvención no se confunde con un simple medio de defensa. Aunque presentada en un proceso iniciado a través de otra vía legal, es una demanda distinta y autónoma, cuyo tratamiento procesal es independiente de la demanda principal y que puede, así, sustanciarse aun cuando se desestimen las pretensiones deducidas por el demandante principal.
En este sentido hay que considerar que el concepto de «demanda de reconvención», debe entenderse como una vía legal que está ciertamente condicionada por el ejercicio de una acción por violación de marca y que, por consiguiente, está vinculada a esta última. No obstante, esta vía legal tiene como finalidad ampliar el objeto del litigio y que se reconozca una pretensión distinta y autónoma de la demanda principal, en particular con el fin de que se declare la nulidad de la marca de que se trate.
De este modo, al implicar la ampliación del objeto del litigio y pese a esta relación entre la demanda principal y la demanda de reconvención, esta última se hace autónoma de la primera y subsiste en caso de que se desista de la demanda principal. La demanda de reconvención se distingue, por tanto, de un simple medio de defensa y su resultado no depende del de la acción por violación de marca con motivo de la cual se ejercitó.
En segundo lugar, la sentencia aclara que si bien el Reglamento reserva a la EUIPO una competencia exclusiva en materia de registro de las marcas de la Unión y de oposición al registro de tales marcas, no sucede lo mismo en materia de validez de dichas marcas. El Reglamento opta, en principio, por centralizar la tramitación de las solicitudes de declaración de nulidad y de caducidad en la EUIPO, pero este principio está atenuado y la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de una marca de la Unión ha sido atribuida, en virtud de los artículos 63 y 124 del Reglamento 2017/1001, de manera compartida, a los tribunales de marcas de la Unión designados por los Estados miembros con arreglo al artículo 123, apartado 1, de este, y a la EUIPO.
A este respecto, habida cuenta de las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente en cuanto al alcance exacto de este reparto de competencias, la sentencia subraya asimismo que la competencia atribuida a esos tribunales de marcas constituye la aplicación directa de una regla de atribución de competencias establecida en el Reglamento 2017/1001 y, por tanto, no puede considerarse que constituya una «excepción» a la competencia de la EUIPO en la materia.
Además, las competencias en cuestión se ejercen según el principio de prioridad del órgano que conoce del asunto. En efecto, según el artículo 132, apartado 1, y apartado 2, primera frase, del Reglamento 2017/1001 y «a no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento», será competente en la materia la primera instancia que conozca de un litigio relativo a la validez de una marca de la Unión.
Lo mismo sucede con el supuesto contemplado en el artículo 132, apartado 2, segunda frase, de dicho Reglamento. En efecto, el tribunal de marcas de la Unión Europea solo está obligado a suspender el procedimiento pendiente ante él si ya se ha presentado ante la EUIPO una solicitud de caducidad o de nulidad de la marca de la Unión en cuestión antes de la presentación de la demanda de reconvención, de conformidad con el artículo 128, apartado 4, del citado Reglamento.
La sentencia recuerda que las resoluciones sobre la validez de una marca de la Unión tienen efectos erga omnes en el conjunto de la Unión, tanto si proceden de la EUIPO como cuando se dictan en una demanda de reconvención presentada ante un tribunal de marcas de la Unión Europea.
Este efecto erga omnes se confirma en el artículo 128, apartado 6, del citado Reglamento, que establece que los tribunales de marcas de la Unión deben remitir una copia de la resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca de la Unión a la EUIPO, que ha de inscribir dicha resolución en el registro y adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.
En cambio, las resoluciones dictadas por los tribunales de marcas de la Unión Europea en un procedimiento por violación de marca únicamente gozan de eficacia inter partes, de modo que, una vez firmes, solo vinculan a quienes han intervenido en ese procedimiento.
A la luz de las especificidades del régimen que regula la demanda de reconvención, el Tribunal interpreta que el titular de la marca de la Unión podría, desistiendo de su acción por violación de marca, privar a un tribunal de marcas de la Unión Europea de la posibilidad de pronunciarse sobre la demanda de reconvención por nulidad presentada en el marco de dicha acción. Esto equivaldría a ignorar el alcance de la competencia que el legislador pretendió conferir a los tribunales de marcas de la Unión Europea. Por tanto, del sistema general del Reglamento 2017/1001 resulta que tal demanda subsiste en caso de que se desista de la demanda principal.
La sentencia subraya que un tribunal de marcas de la Unión Europea debe poder pronunciarse sobre la pretensión formulada por el demandado en una acción por violación de marca mediante una demanda de reconvención por nulidad de la marca de la Unión de que se trate, pese a que se desista de la acción principal. Y que obligar a la parte que ha presentado una demanda de reconvención a iniciar un procedimiento ante la EUIPO en caso de desistimiento del demandante principal con el fin de garantizar que ya no tenga que defenderse en el futuro frente a este último sería contrario al principio de economía procesal.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que los artículos 124, letras a) y d), y 128 del Reglamento 2017/1001 deben interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la Unión que conoce de una acción por violación de marca basada en una marca de la Unión cuya validez se impugna mediante una demanda de reconvención por nulidad, sigue siendo competente para pronunciarse sobre la validez de dicha marca, a pesar de que se desista de la acción principal.
3.- Comentario.
Interponer una demanda por violación de una marca de la Unión Europea tiene sus riesgos. Si la marca es vulnerable en cuanto a su validez, su titular se expone a que el demandado reconvenga de nulidad. Ante este medio de defensa, no cabe pensar en la posibilidad de plegar velas, desistir de la acción judicial y esperar que el pleito termine.
Si el demandado persiste en su interés en que la nulidad de la marca sea declarada en el pleito, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea conserva la competencia para hacerlo, aunque el demandante desista de la acción. A juicio del TJ el Tribunal nacional no pierde su competencia y puede pronunciarse sobre la reconvención. No es necesario para el demandado emprender la acción de nulidad ante la EUIPO.
Es curioso cómo el TJ, en aplicación del Reglamento sobre marcas de la Unión Europea, viene a confirmar, por razones distintas, reglas elementales del Derecho procesal nacional. En España un caso de esta naturaleza habría seguido el principio de la “perpetuatio iurisdictionis”, en virtud del cual se presume que las circunstancias fáctico-jurídicas que determinaron la competencia inicial de un tribunal sobre un caso (esto es, sobre la demanda y la reconvención) permanecen inalterables durante la sustanciación del proceso, aunque de hecho varíen (como sucede si el demandante desiste de la acción).
Ana SANZ
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VERSIÓN EN INGLÉS
1. International jurisdiction over a counterclaim for invalidity of a European Union trademark, when the complainant withdraws the main infringement action. Judgment of the Court of Justice of 13 October 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21).
1.- Background.
The judgment concerns a request for a preliminary ruling made by a German court in the context of trademark infringement proceedings brought by KP, as owner of the European Union word mark ‘Apfelzügle’, against TV, owner of a fruit farm. It was not disputed by the parties that the term ‘Apfelzügle’ denotes a vehicle designed for the harvesting of apples, consisting of several trailers pulled by a tractor.
The defendant filed a counterclaim for a declaration of invalidity against the mark under Article 59(1)(a) of Regulation 2017/1001 in relation to Article 7(1)(b), (c) and (d). At the hearing, KP withdrew the infringement action, with the defendant maintaining its counterclaim for a declaration of invalidity.
Bearing in mind that the jurisdiction of an EU trademark court to declare a European Union trademark invalid, rather than the EUIPO, is reserved to the case of a counterclaim to an infringement action, the German court asks whether Article 124(d) and Article 128 of Regulation 2017/1001 are to be interpreted as meaning that the EU trademark court retains jurisdiction to rule on the invalidity of a European Union trademark, asserted by way of a counterclaim in accordance with Article 128 of Regulation 2017/1001, even after the action for infringement of that trademark has been validly withdrawn, in accordance with Article 124(a).
2.- Findings.
The CJ begins by noting that it follows from the case-law relating to the system created by the Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, as amended and subsequently reproduced first by Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22 December 2000, on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, and then by Regulation No. 1215/2012, that a counterclaim is not indissociable from a mere defence. Even though it was brought in proceedings initiated by means of another legal remedy, it is a separate and self-standing claim, the procedural treatment of which is independent of the main claim and which can therefore be proceeded with even if the claims of the main claimant are dismissed.
In this regard, it should be considered that the concept of ‘counterclaim’ is to be understood as a legal remedy which, admittedly, is conditional on the filing of an action for trademark infringement and which is, consequently, linked to that infringement action. However, this legal remedy is intended to extend the subject matter of the dispute and to have a claim recognised which is separate and independent from the main claim, in particular in order to have the trademark in question declared invalid.
Thus, since it involves an extension of the subject matter of the dispute and notwithstanding that link between the main action and the counterclaim, the latter becomes independent of the former and continues to exist in the event that the main action is withdrawn. The counterclaim can therefore be distinguished from a mere defence and its outcome does not depend on the outcome of the trademark infringement action on the occasion of which the counterclaim was brought.
Secondly, the judgment clarifies that while the Regulation reserves exclusive jurisdiction to the EUIPO over the registration of EU trademarks and opposition to the registration of EU trademarks, this is not the case with regard to the validity of those marks. The Regulation opts, as a rule, for the centralised handling of applications for a declaration of invalidity or for revocation at the EUIPO, but that rule is tempered and jurisdiction to declare an EU trademark invalid or revoke an EU trademark is shared, pursuant to Articles 63 and 124 of Regulation No. 2017/1001, between the EU trademark courts designated by the Member States, in accordance with Article 123(1) of that Regulation, and the EUIPO.
In this regard, given the doubts expressed by the referring court concerning the exact scope of that division of jurisdiction, the judgment also emphasises that the jurisdiction conferred on those trademark courts constitutes the direct application of a rule conferring jurisdiction laid down in Regulation No. 2017/1001 and cannot therefore be considered to constitute an ‘exception’ to the EUIPO’s jurisdiction in the matter.
Moreover, the jurisdictions in question are exercised in accordance with the principle of priority of the body seized of the matter. Indeed, according to Article 132(1) and the first sentence of Article 132(2) of Regulation No. 2017/1001, ‘unless there are special grounds for continuing the hearing’, it is the body first seized of a dispute relating to the validity of an EU trademark which has jurisdiction in the matter.
The same applies to the situation referred to in the second sentence of Article 132(2) of said Regulation. The EU trademark court is obliged to stay the proceedings pending before it only if an application for revocation or for a declaration of invalidity of the EU trademark in question had already been filed with the EUIPO prior to the filing of the counterclaim, in accordance with Article 128(4) of that Regulation.
The judgment recalls that decisions on the validity of an EU trademark have erga omnes effect throughout the EU, whether they come from the EUIPO or are issued in a counterclaim brought before an EU trademark court.
That erga omnes effect is confirmed in Article 128(6) of said Regulation, which provides that the EU trademark courts must send a copy of the decision which has become final on a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity of an EU trademark to the EUIPO, which must enter said decision in the register and adopt the necessary measures to comply with its operative part.
By contrast, decisions handed down by the EU trademark courts in trademark infringement proceedings only have effect inter partes, and therefore, once they have become final, they are binding only on the parties to those proceedings.
In the light of the specificities of the scheme governing counterclaims, the Court considers that the owner of the EU trademark could, by withdrawing its trademark infringement action, deprive an EU trademark court of the possibility of ruling on the counterclaim for a declaration of invalidity brought in the context of that action, which would be effectively disregarding the scope of the jurisdiction that the legislature intended to confer on the EU trademark courts. It therefore follows from the general scheme of Regulation No. 2017/1001 that such a claim continues to exist in the event that the main action is withdrawn.
The judgment underlines that an EU trademark court must be able to rule on the claim brought by the defendant in an infringement action by means of a counterclaim for a declaration of invalidity of the EU trademark in question, notwithstanding the withdrawal of the main action. Moreover, it highlights that it would be contrary to the principle of procedural economy to oblige the party who brought a counterclaim to initiate proceedings before the EUIPO in the event of withdrawal by the main claimant in order to ensure that he or she no longer has to defend himself or herself against the main claimant in the future.
In light of all the above considerations, the Court responds to the question referred for a preliminary ruling by stating that Article 124(a) and (d) and Article 128 of Regulation No. 2017/1001 must be interpreted as meaning that an EU trademark court hearing an infringement action based on an EU trademark the validity of which is contested by means of a counterclaim for a declaration of invalidity, still has jurisdiction to rule on the validity of that trademark, notwithstanding the withdrawal of the main action.
3.- Remarks.
Bringing an action for infringement of a European Union trademark has its risks. If the mark is vulnerable in terms of its validity, the owner is exposed to the risk of the defendant filing a counterclaim seeking a declaration of invalidity. Faced with this means of defence, there is no question of backing down, withdrawing the action and expecting the proceedings to end.
If the defendant persists in pursuing a declaration of invalidity in the proceedings, the EU Trademark Court retains jurisdiction to rule on the counterclaim, even if the complainant withdraws the infringement action. In the opinion of the CJ, the national court does not lose its jurisdiction and may rule on the counterclaim. It is not necessary for the defendant to bring an invalidity action before the EUIPO.
It is curious how the CJ, in applying the EU Trademark Regulation, confirms, for different reasons, elementary rules of national procedural law. In Spain, a case of this nature would have followed the principle of “perpetuatio iurisdictionis”, in accordance with which it is assumed that the factual and legal circumstances that determined the initial jurisdiction of a court over a case (that is, over the claim and the counterclaim) remain unchanged during the course of the proceedings, even if they in fact change (as occurs if the complainant withdraws the action).
Ana SANZ
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