El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha suscrito una declaración, firmada por 19 de sus veintiún miembros, en la que expresa su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces y magistrados en materia de permisos y retribuciones y por la situación de las instalaciones de los órganos judiciales y lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal.
En la declaración, el órgano de gobierno de los jueces manifiesta su confianza en que, “por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia”.
Malestar en la carrera judicial
El texto añade que el Consejo, consciente y conocedor del malestar de la Carrera Judicial derivado del retraso en la fijación de los módulos y cargas de trabajo, se compromete a continuar el proceso de establecimiento de los mismos y a continuar instando de las Administraciones la recuperación de los derechos estatutarios perdidos por los jueces y magistrados en los últimos años y la dotación de los medios precisos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional.
El texto íntegro de la declaración, aprobada en la reunión que el Pleno celebró ayer en el Palacio de Justicia de Donostia-San Sebastián con motivo del 20 aniversario del Centro de Documentación Judicial, es el siguiente:
“1. Los Vocales abajo firmantes tienen constancia y conocimiento de la situación de malestar de la Carrera Judicial derivada del retraso en la fijación de las cargas de trabajo, de la situación de las instalaciones de los órganos judiciales y de la pérdida de derechos de los jueces y magistrados en materia de permisos y retribuciones.
2. Muestran su preocupación por dicha situación.
3. Además, lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones de jueces y de fiscales.
4. Esperan que, por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia.
5. Finalmente, se comprometen a continuar con eficacia y rapidez el proceso de fijación de los módulos y cargas de trabajo de los jueces y magistrados y a continuar decididamente instando de las citadas Administraciones la recuperación de los derechos estatutarios perdidos por los jueces y magistrados en los últimos años y la dotación de los medios precisos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional”.
Suscriben la declaración el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo, Wenceslao Olea y Pilar Sepúlveda.
Los vocales Enrique Lucas y Concepción Sáez no han suscrito el texto porque, aunque consideran que el malestar que se respira en la Carrera Judicial está más que justificado, estiman que el pronunciamiento del Consejo llega tarde y no va acompañado de la necesaria autocrítica que este órgano constitucional debe realizar sobre su propia responsabilidad y pasividad en la generación de la situación que ahora denuncia.
También entienden que la adopción de la declaración no ha estado precedida de un debate en profundidad sobre el conjunto de los problemas que, desde hace años, aquejan a jueces y magistrados, por lo que consideran que la preocupación que el Consejo manifiesta sobre las quejas de estos no va más allá de un mero gesto forzado por las actuales circunstancias en las que sus protestas están adquiriendo gran resonancia ante la opinión pública.
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